En los artículos anteriores señalé que ante la inminente caída de los ingresos petroleros, era urgente trabajar en dos aspectos importantes de una reforma fiscal integral. El primero era la tributaria que además de fortalecer estructuralmente los ingresos del gobierno alinee los incentivos que se derivan del diseño tributario con la generación de riqueza y el crecimiento. El segundo era la necesidad de que todo rubro de gasto público, sea corriente o de capital, tenga que ser evaluado con un criterio de rentabilidad social, que no político, antes de ser siquiera considerado para programarse en el presupuesto de egresos.

El tercer aspecto de la reforma fiscal es lo concerniente al sistema de participaciones federales a los estados y municipios, complementado con el de las aportaciones en seguridad, educación y salud. El sistema actual ha generado una situación de “federación pobre, estados ricos” sin prácticamente ninguna responsabilidad tributaria ni de rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Dado que los recursos tributarios y petroleros seguramente caerán a partir del próximo año, sobretodo porque no se ve la voluntad política de hacer la reforma tributaria y en un entorno de muy bajo o nulo crecimiento económico, es que es importante sujetar el sistema de transferencias federales a los esfuerzos estatales y municipales de recaudación propia, a la rentabilidad social del gasto que ejercen y a la transparencia en el ejercicio del gasto, particularmente en el rubro de obras públicas en donde la opacidad y la corrupción son notorios.

En materia de tributación estatal, para los gobernadores es mucho más fácil y políticamente más conveniente extender la mano para que el Congreso Federal les asigne recursos en el presupuesto de egresos de la Federación que hacer uso de las facultades tributarias que tienen y gravar a su población. Al nivel municipal sucede algo similar: la negativa de los gobiernos locales de tener un catastro actualizado a precios de mercado junto con una estructura del impuesto predial eficiente y la nefasta práctica de no cobrar el agua, dado que para ellos es políticamente más conveniente depender de los recursos federales. Esto obviamente tiene que cambiar y sujetar las transferencias federales al esfuerzo propio de recaudación. Además, esto tendría el efecto positivo de inducir a los gobiernos locales, particularmente los municipales, para tener una regulación eficiente de los mercados, compitiendo con otros gobiernos locales, para atraer inversión privada y generar con ello mayores niveles de actividad económica y de ingresos públicos.

El segundo condicionamiento es la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto estatal y municipal. Si al nivel del gobierno federal la rendición de cuentas es notoriamente endeble, al nivel de los gobiernos estatales y municipales es prácticamente inexistente, lo que deriva en un asombroso derroche de los recursos públicos y una aguda corrupción. Sujetar las transferencias a una mayor eficiencia y transparencia es crucial.

Tres reformas fiscales que son indispensables pero que, con la calidad y compromiso de nuestros políticos, nunca se van a lograr.