¿Ha calculado usted cuántos “topos”, a sueldo de los grandes negociantes de México, hay incrustados en el gobierno federal y en los gobiernos locales?

¿Se imagina cuánto daño hacen estos “topos” a los consumidores mexicanos, es decir: a todos nosotros?

Vayamos por partes, para irnos entendiendo.

Primero: Hay negocios en México -los ejemplos paradigmáticos, aunque no los únicos, estarían en el negocio de las telecomunicaciones: telefonía, televisión, Internet– que tienen tan altos márgenes de utilidad que sus dueños pueden darse el lujo de infiltrar a profesionales bien pagados en las estructuras de la administración pública, en las legislaturas y en el poder judicial, para que defiendan a trasmano sus intereses y pongan el poder del Estado al servicio de sus negocios.

Segundo: De esa forma, una situación de ventajas competitivas injustificadas e inmorales (llámese monopolio, poder dominante de mercado, oligopolio o similares) pone a la disposición de estos negociantes los recursos suficientes para perpetuar y acrecentar su poder depredador sobre mercados y consumidores.

Tercero: Estos profesionales infiltrados e incrustados en los sitios clave donde se toman decisiones de regulación sobre los mercados lo mismo pueden ser legisladores, jueces, funcionarios de segundo nivel (que son, en realidad, quienes mueven o paralizan las cosas en los gobiernos), abogados “del jurídico” de las dependencias, asesores o gestores.

Cuarto: Actúan, para usar la terminología propia del espionaje, como auténticos “topos”, una denominación que el autor de emocionantes y documentadas novelas de espionaje, John Le Carré, hizo popular entre otras en la novela de ese nombre. Un topo no sólo pasa información confidencial de la dependencia gubernamental en la que trabaja a su auténtico patrón, sino que puede ser extraordinariamente útil para retrasar la puesta en marcha de medidas, para extraviar expedientes, para “equivocarse” –se supone que “de buena fe”– en un trámite o en el curso de un proceso judicial, para obstruir en el Congreso iniciativas de reformas jurídicas perjudiciales a los intereses de su patrón o, incluso, para no hacer el trabajo que debe hacer invocando los más ingeniosos pretextos: “me lo impide la normatividad”, “es que me puedo meter en problemas con la Función Pública (antes, la Contraloría)”, “¿para qué dictar la resolución si la empresa sancionada se va a amparar y vamos a perder en los tribunales?”.

Quinto: Es claro que, en este sentido, los grandes magnates que colocan a sus topos en posiciones estratégicas, actúan de forma similar a los grandes jefes del narcotráfico y del crimen organizado que compran “buenas voluntades” en las policías, entre los altos mandos de seguridad pública y en otras instancias del poder municipal, local o federal. La inmoralidad es exactamente la misma, aunque no haya tanta efusión de sangre, ni sus peripecias llenen los noticiarios de televisión o las primeras planas de los periódicos.

En resumen, un topo actúa minando el poder que debería tener el Estado para regular eficiente y eficazmente los mercados y para aplicar la ley de forma expedita. Es alguien sumamente útil para inclinar la balanza de la justicia a favor de su patrocinador.

Todo esto podría parecer a unos cuantos ingenuos puro periodismo ficción o conjeturas de una mente afiebrada, sin embargo hay muchos indicios que nos hablan de la existencia de estos “topos” y de su gran poder para frenar los propósitos del gobierno federal a favor de una mayor competencia en los mercados en beneficio de los consumidores.

En febrero pasado, por ejemplo, los medios rebosaron de informaciones escandalosas acerca de Luis Téllez y sus conversaciones telefónicas privadas. Sorprendentemente, la mayoría de los medios mostró una gran benevolencia hacia los presuntos “topos” detrás de este escándalo, en especial hacia la subsecretaria de comunicaciones, Purificación Carpinteyro, quien no tuvo empacho en admitir que recibió –¡nada menos que del presidente de la Cofetel!, el arquitecto Héctor Osuna, las grabaciones clandestinas e ilegales que perjudicaban la imagen de Téllez, su jefe directo y la cabeza de ese sector- y más tarde algunos periodistas, como Ramón Alberto Garza en su amarillista reporte índigo o como René Delgado en el suplemento “Enfoque” de Reforma, no han dudado en darle generosos espacios a Carpinteyro para que siga su labor de zapa, si bien ahora desde afuera de la administración pública. Es obvio, al menos para mí, de parte de quién habla la señora Carpinteyro. Las iniciales de su patrocinador, si es cierta la regla de las investigaciones policiales que recomienda buscar al beneficiario del delito, son las mismas que las del hombre más rico de México.

Vale la pena recordar, sólo para redondear el expediente Carpinteyro, que la funcionaria se estrenó en su puesto en la SCT omitiendo desechar un recurso de queja de Telmex en contra de la consolidación de nuevas áreas de telefonía local, conocidas como ASL –algo que redundará, el día que por fin se haga, en ahorros de decenas de millones de pesos al año para miles de usuarios de los servicios de telefonía- y que, interrogada sobre su sorprendente conducta, se limitó a decir que no convenía tratar esos temas en los medios de comunicación. Hoy, la reiterada negativa de Telmex a cumplir con esta disposición, negándose a modificar la numeración y las claves de marcación para permitir que las llamadas telefónicas en esas áreas se cobren como locales y no con las exorbitantes tarifas de larga distancia, parecen comprobar que la seductora Purificación entendía perfectamente bien cuáles eran los intereses de Telmex… y actuó en consecuencia.

Hace unos días el columnista de negocios Marco Mares comentó que se sospechaba que varios abogados oficialmente al servicio de la SCT, en realidad habrían trabajado en los tribunales con gran eficacia a favor de los intereses de una de las empresas telefónicas de Ricardo Salinas Pliego y en contra del mandato al que estaban obligados como funcionarios públicos del gobierno federal. El asunto fue acerca de la subasta de más espacios en el espectro radio-eléctrico; subasta que le habría convenido obstaculizar a Iusacel, empresa de Salinas Pliego. Sorprendentemente nadie investigó más o le dio seguimiento a la información de Mares (una verdadera bomba periodística) y al día siguiente el propio Mares ofreció, sin citar fuentes, una versión exculpatoria acerca de los anónimos abogados-topos; versión que aduce que la extraña y atípica actuación de los abogados de SCT, no identificados, no habría tenido mayor relevancia en el asunto. Mares se limitó a consignar esta nueva versión, si bien se mostró lejos de darla por buena. Sería interesante saber quién fue la fuente oficiosa que desmintió la versión original de Mares, pero la ética periodística, que impide la divulgación de la identidad de las fuentes que han solicitado el anonimato, lo hace imposible.

Si el gobierno del Presidente Calderón ya empezó a combatir a los topos o presuntos topos del narcotráfico, ¿no sería hora de que también empezara a investigar, y combatir, a los otros topos, cuyos patrocinadores son algunos de los grandes negociantes de México?