México está pagando un enorme costo por la parálisis que ha caracterizado al sistema político en relación a las reformas en el marco institucional (llamadas también reformas estructurales), de forma tal que la economía mexicana será una de las economías del orbe que mayor caída experimentará este año en el PIB. Se espera, con todas las reservas que hay que tener cuando se hace un pronóstico, que la economía mexicana se contraerá este año en cerca del 7%, una caída todavía mayor que la que se experimentó en 1995, lo que sería la mayor contracción sufrida desde 1931.  Es cierto que tal caída está íntimamente relacionada con la contracción de la economía estadounidense y su efecto negativo sobre las exportaciones de bienes y servicios, pero esto solo explica una parte del desplome mexicano.

Aunque se ha mencionado hasta el cansancio, cayendo siempre en los sordos oídos de los políticos, la razón detrás del porqué el tan dramáticamente mediocre desempeño de la economía mexicana en las últimas casi tres décadas y que se agudizó con la crisis económica que se experimenta al nivel mundial desde el año pasado, es que contamos con un marco institucional deficiente e ineficiente que castiga la creación de riqueza y premia, por el contrario, la apropiación de rentas. Vivimos con un marco institucional caracterizado por los altísimos costos de transacción, por la deficiente definición de los derechos privados de propiedad que se junta con la enorme inseguridad en la protección de estos, por la significativa incidencia de prácticas monopólicas gubernamentales y privadas, por la notoria impunidad con la cual se violan las leyes y no solamente en materia penal, sino también en materia civil, mercantil, de propiedad intelectual e industrial, etcétera. En fin, un marco institucional que se constituye, efectivamente, como una significativa barrera al crecimiento económico.

La última reforma estructural significativa data de 1997 cuando se modificó el marco institucional del sistema de pensiones y se crearon las Afores. Desde entonces, con excepción de algunas reforma del sistema financiero, prácticamente nada se ha hecho (la reforma que se hizo el año pasado del sector petrolero es, en realidad una vacilada ya que al no haber tocado los privilegios del sindicato, no hará nada para que el sector petrolero efectivamente se modernice y aumente su productividad). Cada vez que se menciona que hay que hacer reformas en sectores y mercados claves de la economía (energética, telecomunicaciones, laboral, fiscal, etcétera), mismas que indudablemente se traducirían en mayor crecimiento económico, mayor ingreso familiar y mayor bienestar, los políticos salen con la cantaleta de siempre: “los tiempos políticos no son los adecuados”, utilizando esto para esconder que lo que en realidad pasa es que no están dispuestos a quitarle las rentas a determinados grupos, sean estos empresarios, sindicatos, burócratas y, obviamente, las rentas que ellos mismos se apropian.

Una caída del 7% del PIB es dramática pero no nos debe extrañar y si hay que lanzar un dardo acusador, el blanco es sin duda la mediocre e irresponsable clase política mexicana.