La reconstrucción de la economía mexicana, que aún no concluye, se inició hace 22 años (no 12 como equivocadamente escribí en la entrega del jueves pasado) con el gobierno de Miguel de la Madrid, sobre las ruinas de unas finanzas públicas quebradas, una moneda inservible y ante la ominosa intervención del gobierno en las más disímbolas áreas de actividad que despojaba a los mexicanos de sus bienes y desalentaba cualquier esfuerzo productivo.

Hoy la economía mexicana disfruta de nuevo de la estabilidad económica. La inflación anual de 2005 fue ligeramente superior a 3 por ciento; las finanzas públicas, en su medición tradicional, están en el umbral del equilibrio entre ingresos y gastos. Como resultado de dicha estabilidad, las tasas de interés han disminuido, ha aumentado la disponibilidad de recursos crediticios y de capitales para la inversión productiva (que es la que realizan las personas y las familias, no el gobierno), lo que a su vez ha permitido que en México volvamos a ver fenómenos que no se vivían hace décadas: un crecimiento sólido de la construcción y venta de viviendas, la adquisición en gran escala de bienes duraderos –como automóviles-, la reactivación –después de años de letargo- del crédito bancario y no bancario.

Las personas, las familias, las empresas pueden planear y trazarse objetivos de largo plazo (uno de los efectos sociales más nocivos de la inflación es que acorta los plazos a tal grado que la actividad económica se enfoca a la mera subsistencia o a la maquinación de actividades predatorias): Se puede planear, con razonable certidumbre, la educación de los hijos, la construcción de una casa, la adquisición de un auto, el emprendimiento de un negocio, el desarrollo de una carrera profesional.

Sin embargo, esta estabilidad aún es precaria. Las finanzas públicas se han beneficiado, en los últimos años, de una situación extraordinariamente favorable (tasas de interés internacionales bajas y precios del petróleo altos) que sin duda NO será permanente; más todavía: a falta de una reforma fiscal, las finanzas públicas siguen lastradas por la dependencia del petróleo. Por su parte, los logros de la política monetaria en el combate a la inflación distan de ser definitivos y podrían revertirse si en el futuro el Poder Ejecutivo atenta de facto contra la autonomía de la política monetaria (por ejemplo, manipulando el tipo de cambio) o si la intervención del gobierno en la fijación de precios –al margen del mercado libre- genera nuevas distorsiones en la asignación de recursos.

Nada puede ser más aberrante, cuando estamos cerca de consolidar la reconstrucción, que abandonar el esfuerzo y volver al modelo equivocado.