La economía mexicana está en graves problemas. La recesión mundial, junto con la ineficiencia estructural que caracteriza a nuestra economía, se traducirá, en el mejor de los escenarios, en una reducción del PIB durante este 2009 cercana al 7%, siendo México el país que mayor caída experimentará en América Latina y no parece haber mucho que hacer desde el punto de vista de política macroeconómica interna que pudiese aminorar tal caída. Por una parte las finanzas públicas son tan estructuralmente débiles, en un contexto mundial en donde los países desarrollados están absorbiendo la mayor parte de los recursos financieros en el mundo para financiar exorbitantes déficits fiscales, sacando de paso a los menos desarrollados del mercado internacional de capitales, que no hay mucho margen de maniobra para una política fiscal contracíclica ya que no es posible financiar, dadas las condiciones del mercado financiero internacional, un déficit mayor al 4% del PIB. Por otra parte, una política monetaria más laxa a través de una reducción adicional de la tasa de fondeo del Banco de México no parece que tendría el efecto de impulsar la demanda agregada interna dado que la banca comercial, ante el mayor riesgo de no pago no está expandiendo el crédito, situación que también se está observando en otras áreas del mercado financiero nacional. En consecuencia, parecería ser que lo que nos queda en el muy corto plazo es esperar que la economía estadounidense se recupere lo cual no sucederá, en el mejor de los casos sino hasta finales de este año o principios del próximo y a una velocidad relativamente lenta, lo que implicaría que la actividad económica no alcanzaría los niveles que había previo a la crisis sino hasta el 2013.

En este escenario sorprende la parálisis gubernamental para ir desmantelando del marco institucional todos aquellos elementos que han hecho que la economía mexicana sea notoriamente rígida y en consecuencia notoriamente vulnerable a cualquier choque negativo, pero que además han derivado en la incapacidad para crecer de manera sostenida a tasas superiores al 3% anual. Al nivel del poder legislativo, después del foro que organizó el Senado de “qué hacer para crecer” y haber asumido el compromiso de legislar para hacer más expedito y eficiente el gasto público, ya no se diga de otros cambios legales urgentes como la reforma laboral, nada se ha hecho porque los “tiempos políticos no son los adecuados”, argumento que se utiliza para esconder que lo único que les interesa a los legisladores es su propio interés, no el del país. Por otra parte, al nivel del Poder Ejecutivo Federal, así como  al de los Estados y municipios, no se percibe tampoco un interés para desmantelar toda ese conjunto de regulaciones que hacen que los costos de transacción sean notoriamente elevados, lo que se traduce en una asignación ineficiente de recursos y menores flujos de inversión privada y consecuentemente menor crecimiento económico.

Es claro; o se actúa rápidamente o nos quedaremos permanentemente en el subdesarrollo.