La abrupta interrupción de la democracia en Honduras es el resultado previsible de la terrible regresión política que vive gran parte de Latinoamérica. La conducta irresponsable de la clase dirigente hondureña, compuesta de civiles y militares, condujo al país a un aparente callejón sin salida. Se resume en la falsa disyuntiva entre permitir que el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya manipulara la Constitución para erigirse en dictador al estilo del venezolano Hugo Chávez o propiciar un golpe de estado cívico-militar para evitarlo. Esas dos opciones sólo podían conducir a la confrontación violenta y al menoscabo de las libertades de los hondureños. La única alternativa justificable era continuar resistiendo los designios autocráticos de Zelaya mediante instituciones democráticas como el Congreso y los tribunales.

Que Zelaya se ha comportado como un granuja político no lo pondría en duda ninguna persona de buena fe y razonablemente bien informada sobre la realidad hondureña. El mandatario traicionó los principios y metas liberales del partido que lo llevó al poder en 2006 y se proclamó socialista, no por convicción, sino para aprovecharse del modelo autocrático que perfecciona Chávez en Venezuela, con el fin de perpetuarse en el poder. Con ese objetivo intimidó a la prensa y se empeñó en manipular la Constitución de Honduras que, como muchas otras en América Latina, prohíbe la reelección precisamente como antídoto contra los caudillos. También convocó a un plebiscito sobre el tema, ignorando el legítimo rechazo de los poderes legislativo y judicial. Y buscó el asesoramiento y apoyo de Chávez y los hermanos Castro para ejecutar su plan autocrático.

Aun así, la respuesta democráticamente defendible al bandidaje político de Zelaya era seguir con fidelidad las leyes hondureñas para prevenir dictaduras. Esto probablemente habría obligado a procesarle por desacato a la Constitución y tal vez a destituirlo al final de un proceso que debió ser cuidadoso y transparente. En lugar de ello, poderosos adversarios políticos del presidente se confabularon con los militares para darle una asonada y expulsarle del país en la peor tradición bananera. Esta acción irresponsable no puede ni debe contar con el respaldo de la comunidad de naciones democráticas. Estas han hecho bien en rechazar el golpe. Ahora deberían propiciar un diálogo entre las partes involucradas que restablezca la institucionalidad democrática en Honduras.

Para garantizar que ese diálogo beneficie de veras a la democracia en Honduras no se puede recurrir a las dictaduras viejas o emergentes, a las que se había aliado Zelaya. Estas son enemigas desembozadas del pluralismo político y la libertad, especialmente la castrista y la de Chávez, cuyos antecedentes golpistas lo descalifican totalmente para defender causas democráticas. Tampoco se debería recurrir a la Organización de Estados Americanos. Su reciente decisión de levantarle la suspensión a la vieja satrapía cubana dañó seriamente su compromiso con la democracia y alentó a los golpistas hondureños. Árbitros mejor calificados serían la Unión Europea y Estados Unidos, que han rechazado el golpe con firmeza sin prejuzgar sus causas ni a sus responsables. Otra posibilidad sería integrar un grupo de países amigos de la democracia hondureña en el que confíen las partes.

El golpe cívico-militar de Honduras pone de relieve la importancia fundamental de ser consecuente en la defensa de la democracia. Ni las dictaduras de izquierda ni las de derecha pueden justificarse como posibles soluciones a los males persistentes de nuestra región. Las unas y las otras históricamente han hecho graves daños a nuestras sociedades. Y ninguno de sus dudosos logros sirvió nunca para justificar o atenuar sus innumerables crímenes. Sólo cuando nuestras izquierdas y derechas asimilen esa verdad elemental ahuyentaremos de una vez el fantasma del despotismo como han hecho los norteamericanos y los europeos.

___* Periodista cubano.

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