Aunque posiblemente la caída que experimentó el PIB durante el segundo trimestre haya marcado la parte más profunda de la recesión, con una contracción esperada para todo el año cercana al 8%, es claro que la recuperación de los niveles de actividad económica será muy lenta. De mantenerse la estructura ineficiente que caracteriza a la economía mexicana, con los incentivos alineados con la búsqueda y apropiación de rentas y desalineados con el objetivo de generación de riqueza, estructura que por sí misma que no permite crecer sostenidamente por arriba de una tasa anual de entre 3 y 4%, el nivel del PIB que se tenía previo al inicio de la crisis no se alcanzaría sino hasta finales del 2011 o principios del 2012.

Esta perspectiva, por sí sola, es dramática y se convierte en un llamado urgente para hacer las modificaciones requeridas en el marco institucional, particularmente de las leyes y los reglamentos bajo las cuales los agentes económicos, individuos y empresas, toman las decisiones de cómo asignar sus recursos así como la operación de los mercados en los cuales se llevan a cabo las diferentes transacciones.

En primer lugar y por la premura es necesario actuar en materia fiscal. México no puede darse el lujo de perder el grado de inversión ya que ello haría, si no prácticamente imposible el financiamiento de un déficit fiscal, sí hacerlo a un mayor costo. Se requiere de una profunda y definitiva reforma tributaria que no solamente fortalezca los ingresos tributarios del gobierno federal y reduzca la dependencia petrolera, sino que además alinee los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de generar riqueza a través de la promoción del trabajo, el ahorro y la inversión. También en materia fiscal es indispensable eliminar del presupuesto todos aquellos programas de gasto que no son socialmente rentables y que por lo mismo implican una destrucción de riqueza nacional.

En segundo lugar es indispensable cambiar de fondo la legislación laboral ya que la que tenemos no es compatible con una economía que está integrada a los mercados internacionales. Las modificaciones deben ir en el sentido de abaratar los costos de contratación abatiendo los costos de despido además de eliminar todas aquellas disposiciones que contienen un sesgo en contra del empleo de mano de obra y en contra del cambio tecnológico. También en materia laboral y relacionado con la seguridad social, es indispensable transitar hacia un sistema de seguridad universal financiado con la recaudación general de impuestos y eliminar el actual sistema basado en los tres pilares IMSS – ISSSTE – seguro popular ya que este genera un incentivo perverso sobre el empleo legal.

Tercero, es urgente eliminar de la economía las prácticas monopólicas en diversas áreas, destacando telecomunicaciones, energía, prácticas notariales y transporte de personas y mercancías mediante la eliminación de todas aquellas barreras legales y regulatorias que impiden la entrada de nuevos participantes a estos mercados. Asimismo, es necesario modificar la Ley de Competencia Económica para dotar a la Comisión Federal de Competencia de mayores atribuciones y poder para castigar las prácticas monopólicas.

Estos son sólo algunos de los cambios que realmente son urgentes y la pregunta es si los futuros legisladores estarán dispuestos a hacerlos.