Un déficit presupuestario, la diferencia entre los ingresos tributarios y el gasto total, no es, de ninguna manera, una fatalidad inevitable. No, un déficit presupuestario es la consecuencia de la decisión de no ajustar el gasto total a los ingresos tributarios y, por ello, de la decisión de financiar la diferencia con algún ingreso distinto al proveniente de la recaudación, que puede ser, dependiendo del marco institucional de cada economía, o la emisión primaria de dinero, modo de financiamiento del déficit presupuestario que en México está prohibido, o la deuda, que en nuestro país sí está permitida. Cualquiera de las dos opciones presenta más inconvenientes que ventajas, razón por la cual, ante la caída en los ingresos tributarios, lo correcto es reducir el gasto, algo que los presupuestívoros no están dispuestos a aceptar.

En México sobra tela de donde cortar para reducir el gasto gubernamental, y debería comenzarse por eliminar, ¡y lo digo en serio!, todas las secretarías de Estado que tengan que ver con alguna actividad económica, como lo son la de Energía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación que, en el peor de los casos, deberían de quedar, reducidas a su mínima expresión, como direcciones dentro de la Secretaría de Economía o, en el mejor, desaparecer, y hacerlo junto con la Secretaría de Economía.

Sé que más de un lector pensará que me he vuelto loco, y se preguntará qué pasaría con todas esas actividades económicas sin sus respectivas secretarías de Estado, y qué sucedería con la economía mexicana sin la Secretaría de Economía, como si el buen desempeño de todas esas actividades económicas, y de la economía en su conjunto, dependiera de las secretarías de Energía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y, ¡faltaba más!, de la Secretaría de Economía.

Preguntémonos, ¿cuál es la tarea de esas dependencias gubernamentales? En esencia, una de dos. Primera: regular, de manera especial, dichas actividades económicas, decidiendo qué sí y qué no, y si sí cómo sí y cómo no, y cuándo sí y cuándo no y, segunda, otorgar privilegios, es decir, apoyos, protecciones, subsidios, concesiones, etc., tanto directos como indirectos, a los agentes económicos que caen bajo su égida. En ambos casos, regulación especial y otorgamiento de privilegios, se trata de, para perjuicio o beneficio, tratos especiales, que no se justifican, ni desde el punto de vista moral, ni mucho menos desde la perspectiva económica, razón por la cual deben eliminarse.

A todos los que piensan que mi propuesta a favor de la eliminación de las cinco secretarías de Estado mencionadas es un despropósito, me resta decirles que pueden dormir tranquilos: apuesto triple contra sencillo a que ninguna de esas secretarías desaparecerá. Es más, en una de esas, se multiplican las secretarías de Estado relacionadas con las actividades económicas, y uno de estos días amanecemos con la Secretaría de la Torta, el Taco y la Tostada, la STTT, ¡baluarte del progreso económico de los mexicanos y las mexicanas!