El anuncio del Secretario de Hacienda de que el próximo año se estima habrá un faltante de recursos fiscales por 300 mil millones de pesos que se buscaría cerrar con mayores impuestos, medidas administrativas de tributación, ajustes al gasto público y posiblemente un mayor déficit, da para muchos comentarios; solo trataré dos.

La afirmación del “destino nos alcanzó” en materia fiscal no es algo novedoso. El gobierno mexicano, particularmente el nivel legislativo, nunca mostró una visión de Estado dada la comodidad de tener los ingresos petroleros para el financiamiento del gasto público, por lo que siempre se pospuso la instrumentación de una reforma tributaria de fondo. Ahora que ya se nos acabó el petróleo y la caída de los ingresos petroleros es permanente, lo que era previsible desde hace varios años, resurge la urgencia de una reforma tributaria, la cual tiene que plantearse con dos objetivos en mente. El primero es darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas a través de una base sólida de recaudación. El segundo es alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de promover el trabajo, el ahorro y la inversión, es decir con el crecimiento económico. Estos dos objetivos sólo pueden lograrse mediante un IVA homogéneo, la adopción integral del IETU, la abolición del ISR a las personas morales y la adopción de un ISR a las personas físicas con una tasa impositiva proporcional que grave la diferencia entre los ingresos globales brutos (incluyendo los de capital) menos un monto fijo igual a la línea de pobreza. ¿Estará el Presidente dispuesto a proponerla y los legisladores dispuestos a entrarle a esta reforma? Lo dudo.

Un segundo comentario va por el lado del gasto público. Desde que inició la explotación masiva de petróleo en 1978, el gobierno mexicano se volvió especialista en destruir la riqueza petrolera. El dispendio de billones de pesos obtenidos por la producción de petróleo, recursos que deberían haber sido invertidos en capital físico y humano simplemente se derrocharon a través de un arreglo institucional que privilegió la transferencia de rentas a unos cuantos privilegiados, políticos, empresarios, sindicatos y grupos particulares de interés sin haber generado, por peso gastado, el valor agregado que lo justificara.

Lo anterior nos lleva al segundo elemento planteado para cerrar el boquete fiscal. El gobierno, en sus tres niveles, más que desperdicia 300 mil millones de pesos al año. Programas de apoyo a diversos sectores que bajo una estricta evaluación social de proyectos tienen valor presente negativo, pago a miles de burócratas que administran este derroche de recursos, transferencias a sindicatos de entidades gubernamentales que son un verdadero insulto para el resto de la población, 100 mil profesores que nunca se paran en un salón de clase por estar comisionados en el sindicato, obras públicas en infraestructura que son verdaderamente inútiles (como la futura refinería), transferencias al sector rural para mantener a los campesinos en perpetua pobreza y un larguísimo etcétera.

La previsión de un debilitamiento significativo de las finanzas públicas debe ser aprovechada para limpiarlas de todo aquél gasto que significa una destrucción de riqueza. ¿Estará el Presidente dispuesto a proponerlo y los diputados a respaldarlo? Lo dudo.