La decisión que tomó el gobierno federal para acelerar la apertura de negocios realizando inicialmente los trámites vía Internet, aunque incompleto por no haber eliminado un sinnúmero de trámites que no tienen justificación de existir y con muchos detalles aun por aclarar respecto de su instrumentación, es sin duda un avance para reducir los enormes costos de transacción a los que se enfrenta el sector privado. Suponiendo que al nivel federal sí se logra la reducción de la tramitología con la cual las empresas tienen que cumplir, aun falta vencer una de las principales barreras a la apertura pero sobre todo a la operación de las empresas y que son los trámites estatales y municipales y sobre los cuales el gobierno federal no puede actuar dada la “soberanía” de los Estados y la figura constitucional de “municipios libres”. Y aquí es donde entra el título de este artículo.

Uno podría suponer que los gobernadores de cada uno de los estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos, así como cada uno de los presidentes municipales, lo que quisieran es que el bienestar de su población tuviese una trayectoria ascendente siendo un continuo crecimiento económico la única forma sostenida de lograrlo. Aunque es cierto que en alguna medida el que la economía crezca depende de lo que haga o deje de hacer el gobierno federal, mucho también depende de lo que hagan cada uno de los gobiernos estatales y municipales para generar en sus propias localidades un entorno institucional que genere los incentivos que deriven en mayor inversión y mayor crecimiento económico.

En este sentido, cada gobernador debería estar en competencia con el resto de los gobernadores para ofrecer a los potenciales inversionistas aquél arreglo institucional que los haga inclinarse por canalizar la inversión a ese estado y no a los otros dadas ciertas consideraciones que pueden ser importantes como por ejemplo serían los costos de transporte que determinan el acceso a los mercados de bienes y de insumos. Independientemente de este tipo de elementos, es claro que los flujos de inversión se canalizan hacia aquella entidad en la cual los costos de transacción sean menores y esto incluye, entre muchos factores como son la infraestructura, aquellos que determinan en gran medida los costos de transacción destacando los trámites estatales y municipales con los que hay que cumplir así como la garantía judicial en el cumplimento de los contratos.

Así debería ser, pero lo que observamos en México es exactamente lo contrario; cada gobernador y presidente municipal compiten entre sí para ver quién es el que más barreras impone a la apertura y operación de las empresas, quién es el que ofrece el entorno institucional más ineficiente, el más costoso, quién asigna los contratos de obra pública con menos transparencia. Lo hacen así porque es la única manera de que ellos, los funcionarios públicos estatales y municipales, puedan apropiarse de las rentas que se derivan de lo que las empresas tienen que pagar en sobornos. Al parecer los gobiernos estatales y municipales compiten entre sí para ver cual es el más corrupto, sin realmente importarles el bienestar de su población.

Y queremos que la economía crezca. Es como pedirle peras al olmo.