La mayor tentación para el gobierno en momentos de crisis económica ha sido siempre la de subir impuestos. Si bien las empresas y las personas tienen que ajustarse el cinturón y disminuir gastos, la administración pública nunca lo hace más que de manera superficial.

Al contrario de una empresa, que puede verse obligada a recortar su plantilla de trabajadores, el gobierno nunca despide a los suyos. La mayoría son intocables una vez que obtienen una plaza porque son sindicalizados. Poco importa si hacen bien o mal su trabajo. Un trabajo de gobierno es una prebenda para toda la vida, incluyendo una jubilación que dura más que el empleo mismo. Por eso hay un mercado negro para plazas gubernamentales.

Los trabajadores de confianza, los no sindicalizados, sí pueden ser destituidos y de hecho lo son, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno o simplemente de jefe, ya que éstos llevan a sus amigos al despacho. Pero la experiencia nos dice que los despedidos son siempre reemplazados por otros. El universo de funcionarios de confianza no ha dejado de crecer en años buenos o en malos.

Como en la legislación fiscal tenemos ya reglas que impiden incurrir en déficit, excepto en el corto plazo, el gobierno está buscando formas de obtener mayores recursos. Y el mejor expediente es cobrar más impuestos a los menos de dos millones de personas físicas o 600 mil personas morales que ya están incluidos en el Registro Federal de Causantes y presentan declaraciones fiscales. Este pequeño grupo ha sostenido a un país de más de 110 millones de habitantes y al ejército de 4 millones de burócratas y funcionarios. Con razón no queda dinero para las funciones sustantivas del gobierno, como la seguridad pública, la procuración de justicia o el combate contra la pobreza.

Cada vez que escarbamos en el gasto público encontramos abusos de toda índole. La semana pasada el diputado Gerardo Priego devolvió 827 mil pesos de lo que le sobró en cupones para boletos de avión entregados por la Cámara de Diputados y eso después de volar a su Tabasco de origen todas las semanas. Ningún otro legislador devolvió lo que le sobró. Los diputados de la LX legislatura acumularon 28 millones de pesos de cuentas telefónicas en sus tres años de gobierno y más de 20 millones en cargos de tarjeta IAVE de carreteras de peaje. El presidente realiza constantes viajes internacionales. Las oficinas están llenas de burócratas sin nada útil que hacer. El dispendio en los 2.8 billones de pesos anuales de gasto del gobierno federal es monumental.

No sólo es excesivo el gasto gubernamental sino que los contribuyentes tenemos que pagar doble por su ineficiencia. Cubrimos impuestos para tener servicios de educación, salud y seguridad, pero tenemos que pagar aparte por escuelas, hospitales y guardias privados ante el pésimo nivel de los servicios del sector público.

En estas circunstancias el gobierno no debe recurrir una vez más al fácil expediente de subir los impuestos a los pocos que pagamos. Tiene que tomar medidas similares a las de los particulares. Nosotros tenemos que ajustarnos el cinturón ante esta crisis. También lo debe hacer la administración pública.