Escucho cada vez con más preocupación a algunas personas afirmar que una razón para votar por el PRI es que este partido y sus gobernantes sí supieron hacer, obtener, negociar, aprobar. Tenían oficio político, dicen. Este razonamiento es sustentado por la propaganda priísta, cuya retórica consiste precisamente en recordarnos la aptitud del gobierno que durante setenta años sí supo cómo hacerlo. Dado el escaso éxito de la administración actual en esos mismos quehaceres, resulta enormemente tentador el entregar el voto a quien probó efectividad de gobierno por décadas.

Este comentario no pretende dar razones para influenciar a algún lector a no votar por el PRI, sino para que, si lo hace, tenga razones distintas para ello que las claras pruebas de aptitud de antaño frente a la ineptitud de los últimos cinco años. Cabe aclarar que no pongo en duda que los Secretarios de Gobernación del PAN y el propio Presidente Fox hayan sido ineficaces políticamente ni que hayan mostrado con frecuencia debilidad ante presiones de los más diversos grupos; que lograron arreglos de los que la contraparte tranquilamente se retractó, dejando al PAN con el costo político y sin el beneficio. Pero no puede ignorarse que esta administración —y posiblemente podría agregarse la de Zedillo, acusado por el PRI de una ineptitud tal que perdió Los Pinos— no cuenta con las herramientas de antaño para hacer que las cosas, las que fueran, pasaran.

Recordemos los tiempos respecto de los cuales no existe razón alguna para suspirar con nostalgia. Una presión, fuera de la oposición o interna, se resolvía, dependiendo del tamaño del problema, con una curul en el Congreso, una alcaldía e inclusive con la gubernatura de un Estado. Los mecanismos duros de control de las elecciones (léase manipulación, desde el acarreo, el tamal, las ruletas electorales y el franco fraude) permitían hacer efectivas las promesas a los agentes de presión, a cambio del cese de ésta. Y el árbitro electoral era nada más y nada menos que el propio Secretario de Gobernación. La ausencia de vigilancia ciudadana y de autoridades electorales independientes lo garantizaban. No había IFE, ni TRIFE, ni observadores imparciales.

Una expropiación sin fundamento respecto a la causa de utilidad pública era posible. De hecho, era frecuente. No existía un Poder Judicial independiente que pudiera revocarla sin temor; de haberlo intentado, los ministros responsables hubieran, en el mejor de los casos, encontrado revocado su nombramiento. No estaban previstas las designaciones con ratificación del Senado, e incluso de existir, el Senado no era precisamente el epítome de la independencia del Ejecutivo, por su propia composición.

La crítica de la prensa se podía prevenir y evitar, ya fuera mediante la compra continuada del silencio de los periodistas o con estrategias más agresivas que todos recordamos con vergüenza. El monopolio estatal sobre el papel, la ausencia de competencia en los medios de difusión informativa, los cuerpos de inteligencia y espionaje, y muchas otras formas de mordaza operaban sin contrapesos efectivos. La denuncia pública y el seguimiento de estos casos, con contadas y valientes excepciones, eran inexistentes. No es que tengamos hoy una prensa responsable y madura –esperamos que el momento llegará— pero, en general, independiente sí es.

La partida secreta permitía desembolsos para apaciguar al narco, a grupos rebeldes y sindicatos. Sin transparencia presupuestal ni monitoreo ciudadano, la vida era otra. Grandes sumas de dinero fluían a los bolsillos de los empresarios afines al sistema, cuya lealtad era premiada con normas que protegían sus monopolios y generaban el perjuicio sistematizado a los consumidores. Sin una Comisión Federal de Competencia Económica, una Procuraduría Federal del Consumidor con fuerza, una Comisión Federal de Mejora Regulatoria, esto era factible y hasta habitual.

El control directo de las reservas y de la masa monetaria permitía la instrumentación de políticas que fomentaban el crecimiento entre crisis y crisis. El Banco de México no contaba con la autonomía para limitar este tipo de crecimiento, con inflación y sin sustento macroeconómico alguno que permitiera su sustentabilidad.

No existían figuras como el servicio civil de carrera, el acceso a la información gubernamental, los derechos humanos institucionalizados. Las negociaciones sin mayoría en el Congreso, que muchos citan como evidencia contundente de capacidad política, ocurrieron tras bambalinas. Nunca ha quedado claro qué “argumentos” sirvieron para que se aprobaran reformas por demás polémicas (independientemente de si las consideramos positivas o no) como las relativas a la propiedad social.

En fin. Los instrumentos para actuar con efectividad, eran sin duda, más. Y no por ello se aprobaron las reformas estructurales en aquellos momentos, por cierto. Por otra parte, el entramado institucional vigente no permitiría hoy medidas efectivas semejantes. Por lo tanto, cuando el PRI sostiene que demostrará su “oficio político”, debemos cuestionarnos con qué herramientas lo hará, pues ya no tiene las de antes. Cabría cuestionarse si la estrategia de eficacia y gobernabilidad incluye desaparecer las instituciones que no propician un entorno para “convencer” a la oposición, como antes.  Y esto va no sólo para el PRI, ya que no es el único partido que presume de tener oficio político y capacidad de negociación.  

Los presidentes de mañana estarán, en efecto, atados de manos para actuar como los de ayer. Y las instituciones vigentes, afortunadamente, no se destruyen por decreto presidencial. Se requerirían tantas modificaciones constitucionales y legales para ello que, con tan poco que dar a cambio, resulta difícil pensar que alguien consiga que esto suceda.

Una precisión adicional: muchas de las instituciones vigentes surgieron en tiempos del PRI. Pero no fueron actos graciosos de la autoridad respecto a los cuales puede cambiar de opinión porque siempre no le acomodan. La sociedad civil, con todas las quejas que pueda tener sobre la situación actual del país, aprecia y protege las instituciones que, tal vez imprevisiblemente, permitieron la alternancia y la democratización de la vida cotidiana mexicana.

Un último comentario: tengamos cuidado al escuchar las plataformas de cada uno de los partidos, pues muchos han verbalizado la falacia del poder presidencial ilimitado: Cuando gane, haré esto y aquello, dicen varios de los candidatos registrados. Olvidan mencionar en su discurso que las facultades del ejecutivo están limitadas constitucional, legislativa e institucionalmente; que las facultades de la propia Federación, también lo están para modificar la realidad en cada una de las entidades del país. Los candidatos repiten también, cuando reconocen que los cambios que proponen requieren modificaciones constitucionales o legislativas, el “sabré negociar con el Congreso”. No olvidemos que éste es un enunciado incompleto. La negociación implica dar para recibir. Me pregunto qué le piensa dar a los legisladores el candidato que sea cuando llegue a la presidencia para que reciban la aprobación de sus iniciativas (y con qué, porque espero que no será con mis impuestos). El Congreso sólo tendría que dar, es decir, votar a favor de, cuando reciba argumentos convincentes para el bien de sus representados. Y ya reciben algo a cambio por parte de los ciudadanos: su puesto y su dieta. Si bien sabemos que no es la manera en la que hoy se comportan los legisladores, no debemos alejarnos de esa meta y oficializar el requisito de la negociación. Si requieren más incentivos para comportarse con lealtad a sus votantes –no veo por qué habría que darles más incentivos, pero asumamos que así es— consideremos y debatamos la reelección de legisladores, a pesar de las repetidas muestras en otros países de que no es la panacea para la responsabilidad legislativa.  

Así pues, seamos juiciosos con los que ostentan su oficio político y capacidad de negociación. Exijamos como sociedad enunciados completos: con qué herramientas y a cambio de qué los demostrarán. Preguntémonos si el precio de la gobernabilidad a cambio del debilitamiento institucional y de la democracia misma, es la dirección que deseamos para el país.