Una vez más el gobierno de la república está reaccionando ante una crisis con un aumento de impuestos. A dos años apenas de la reforma fiscal del 2007, que fue presentada como un cambio definitivo que daría estabilidad al ingreso gubernamental y lo independizaría de los ingresos petroleros, la Secretaría de Hacienda está elevando una vez más los impuestos ya existentes y creando otros nuevos en un afán de allegarse recursos para cubrir los faltantes que ha dejado una reforma fiscal fallida.

La Secretaría de Hacienda no sólo está subiendo la tasa máxima del impuesto sobre la renta de 28 a 30 por ciento, en un momento en que nuestros principales rivales comerciales en el mundo bajan las suyas para aumentar su competitividad, sino que está elevando también los impuestos especiales sobre la cerveza, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Además, el gobierno quiere crear nuevos gravámenes, como un impuesto al consumo de 2 por ciento y otro a las telecomunicaciones de 4 por ciento.

Estas alzas generalizadas de impuestos tendrían un impacto negativo en la actividad económica del país. El aumento en la absorción de recursos por parte del gobierno dejaría menos dinero en manos de las empresas y los consumidores. Habría, en consecuencia, una menor inversión y un menor consumo, lo cual se traduciría en una menor actividad económica y una menor creación de empleos.

Es verdad que el gobierno está haciendo recortes en su gasto, por 218 mil millones de pesos, pero la experiencia nos dice que estos recortes son superficiales o temporales. A pesar de la reputación del PAN como un partido conservador y cuidadoso del gasto público, en los años de gobierno panista ha habido un aumento muy importante en la alta burocracia. Según el diputado del PRI César Augusto Santiago, en 2001 había 89 cargos de nivel de subsecretaría en la estructura del gobierno federal, pero el número se ha multiplicado hasta alcanzar los 1,011. Cada una de estas subsecretarías implica gastos no sólo del sueldo del titular sino también de oficinas, equipo de apoyo, viajes, etc. No sorprende así que, a pesar de los recortes que ha anunciado el gobierno, el presupuesto de gasto del gobierno federal para el 2010 muestre un aumento.

El presidente Calderón ha argumentado que necesita mayores recursos, incluso en estos momentos de crisis en que tanto las empresas como las personas físicas están sumamente golpeadas, para combatir la pobreza. Pero no queda claro que la actuación del gobierno ayude realmente a combatir la pobreza. Por lo pronto de 2006 a 2008, los primeros años del actual gobierno, se registró un aumento muy importante en todos los índices de pobreza del país, a pesar de que el llamado gasto social ha aumentado de manera importante. El gobierno ha querido achacar esta situación a la crisis económica internacional, sólo que ésta no tocó a México sino hasta fines del 2008 y principios del 2009, después de que se levantaron los estudios que señalaron el aumento de la pobreza.

La reacción al paquete económico gubernamental de los partidos de oposición, encabezados por el PRI, ha sido de rechazo. Dado que los priistas tienen un virtual control de la Cámara de Diputados, será muy difícil que se apruebe la propuesta presidencial. Preocupa, sin embargo, el presupuesto que pueda salir finalmente del Congreso. Seremos los mexicanos los que paguemos las consecuencias si en el rechazo a la propuesta del gobierno terminamos con un presupuesto mal elaborado y con grandes desequilibrios.