“La Corte Suprema de Honduras tiene la autoridad constitucional y estatutaria para escuchar casos contra el presidente de la república y muchos otros altos funcionarios del Estado, para adjudicar y velar por el cumplimiento de fallos, y de solicitar la asistencia de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones". —Servicio de Investigación del Congreso, agosto de 2009.

Desde que el 28 de junio Manuel Zelaya fue removido de la Presidencia por la Corte Suprema y el Congreso de Honduras, por violaciones a la Constitución, el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama ha insistido, sin asidero legal, en que el incidente equivale a un "golpe de Estado" y que debe ser revertido. El presidente Obama ha tratado duramente a Honduras y a los estadounidenses se les ha pedido que confíen en las declaraciones de su mandatario.

Ahora, un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) registrado en la Biblioteca del Congreso de EE.UU. ofrece lo que el gobierno de Obama no ha provisto: una revisión legal seria de los hechos. "Fuentes disponibles indican que los poderes judicial y legislativo aplicaron el derecho constitucional y estatutario en el caso del presidente Zelaya de una manera que fue interpretada por las autoridades hondureñas de ambas ramas del gobierno como conforme con el sistema legal hondureño", escribió en su informe la especialista en derecho internacional del CRS Norma C. Gutiérrez.

¿Acaso esto ha marcado alguna diferencia? Ni soñarlo. La Casa Blanca sigue defendiendo su acusación de golpe y, hace diez días, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, incluso llegó a sancionar al poder judicial hondureño, que es independiente. EE.UU. no da las razones, pero resulta evidente que el pecado de la corte es rechazar un plan que cuenta con la venia de la Casa Blanca para restituir a Zelaya en el poder.

El resultado es que EE.UU. está tratando de obligar a Honduras a violar su propia Constitución y usando su peso en la política internacional para tratar de interferir con el sistema judicial independiente de ese país.

Los hondureños están preocupados por el impacto de esta presión en su país. La postura estadounidense envalentona a los partidarios violentos de Zelaya, que ahora se apropian de las calles del país, donde causan destrucción e intimidan a la población. Cada vez que la policía intenta detenerlos, empiezan a gritar acerca de sus "derechos humanos".

Tal vez los estadounidenses deberían estar más preocupados por el autoritarismo, sin justificación legal, que emana desde el poder ejecutivo en Washington. ¿Qué señal envía Obama acerca del respeto por la separación de poderes cuando le instruye a su secretaria de estado que castigue a un tribunal independiente porque no falló como él quería?

EE.UU. ha estado presionando a Honduras desde el 28 de junio para que Zelaya vuelva a la Presidencia. Pero ni los dudosos argumentos sobre el "imperio de la ley" esgrimidos por Hillary Clinton ni las herramientas que le ha dado Obama para usar contra este pequeño país han servido para convencer a la Justicia hondureña de que deje de lado su propia Constitución.

La Secretaria de Estado parece estar irritada con la Justicia hondureña porque determinó que el regreso de Zelaya al poder bajo el plan propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es inconstitucional. Por ende, el Departamento de Estado decidió que, para defender el estado de derecho, castigaría a los miembros de la Corte Suprema por la interpretación de su propia Constitución. EE.UU. les retiró las visas a 14 magistrados hondureños. Puesto que el gobierno de Obama ya había hecho lo mismo con el décimo quinto miembro del tribunal, el que firmó la orden de arresto de Zelaya, esta iniciativa completó el asalto de Clinton a la independencia de la corte más alta de una democracia extranjera. La lección, supuestamente, es que los jueces de los países pequeños tienen la obligación de aceptar la interpretación estadounidense de sus propias leyes.

Miles de lectores me han escrito para preguntarme cómo algo de esta naturaleza puede pasar en EE.UU., un país donde los principios democráticos han sido reconocidos desde su fundación. Muchos lectores me han confesado estar "avergonzados" de EE.UU. y me han preguntado ¿cómo pueden ayudar a Honduras? Una pregunta más pertinente podría ser ¿cómo pueden ayudar al propio EE.UU.?

A través de sus acciones hacia Honduras, el gobierno de Obama demuestra su desprecio por los fundamentos de la democracia. Los expertos jurídicos son claros al respecto. "La independencia del poder Judicial es un componente central de cualquier democracia y es crucial para la separación de poderes, el estado de derecho y los derechos humanos" escribe en su libro The Judge in a Democracy (algo así como El juez en una democracia) Ahron Barak, el ex presidente de la Corte Suprema de Israel y un destacado experto jurídico.

"El propósito de la separación de poderes es fortalecer la libertad y prevenir la concentración del poder en las manos de un actor del gobierno de una manera que probablemente merme la libertad de un individuo", explica Barak, casi como si se estuviera refiriendo a Honduras.

Barak también advierte de un modo profético acerca de las democracias a la Chávez que han destruido a Venezuela y que los hondureños dicen que estaban tratando de impedir en su propio país. "La democracia tiene el derecho de defenderse contra quienes buscan utilizarla para destruir su propia existencia", escribe. Los estadounidenses tienen que preguntarse por qué su gobierno no parece estar de acuerdo.

*Artículo republicado con autorización de Cato Institute.