En el sistema legal de México todos somos culpables hasta que probemos nuestra inocencia. Sólo que si no tenemos los recursos financieros o la influencia política para garantizar la defensa de esta inocencia, seremos castigados por un Estado que no se molesta mucho en encontrar a los realmente responsables de los delitos que se cometen.

Varios casos recientes nos señalan esta situación. Quizá el más dramático es el de Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena. Después de tres años y un mes de permanecer en la cárcel acusada de haber secuestrado a seis agentes federales, y una vez que distintas organizaciones internacionales la consideraron como presa de conciencia, la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias, con lo cual quedó en libertad el pasado 16 de septiembre. En su caso, como en tantos otros, sin embargo, la autoridad castigó primero y después trató de averiguar lo que había ocurrido.

Hoy sabemos que Jacinta no tuvo nada que ver con los hechos del 26 de marzo de 2006 en que un grupo de agentes de la AFI llevaron a cabo un operativo para decomisar discos piratas. Seis de esos agentes fueron retenidos por los vendedores de estas mercancías. Jacinta era vendedora de aguas frescas y no de discos pirata. Según sus declaraciones, y las de varios testigos, no estuvo presente en la retención ilegal de los agentes. La autoridad, sin embargo, prefirió actuar en contra de una mujer indígena que vendía aguas frescas que en contra de los vendedores de discos piratas que son protegidos por políticos.

Tenemos también el caso de Zhenli Ye Gon. Fue muy sonado el operativo que en 2007 ingresó en su casa y confiscó 205 millones de dólares así como un cuarto de millón de euros y 145 mil pesos. Tener tanto dinero en efectivo en una casa es inusitado pero no es ilegal. Por eso a Zhenli se le acusó de importar a México pseudoefedrina para producir metanfetaminas y exportarlas de manera ilegal a los Estados Unidos.

El primer problema surgió del hecho que la pseudoefedrina era legal en nuestro país en ese momento. Sólo después se prohibió su importación y su uso en fármacos legales. Las cortes de los Estados Unidos, por otra parte, han desechado las acusaciones en contra de Zhenli al señalar que no hay pruebas de que haya introducido metanfetamina de manera ilegal al mercado estadounidense.

Los tribunales estadounidenses no sólo han exonerado a Zhenli de su presunta responsabilidad en actos de narcotráfico sino que le han devuelto sus bienes confiscados en Estados Unidos al inicio del proceso, los cuales tienen un valor de alrededor de dos millones de dólares. En México, en cambio, las autoridades no sólo confiscaron el dinero que se encontraba en la casa de Zhenli sino que ya lo han repartido entre distintas dependencias gubernamentales y presuntamente se lo han gastado. Lo paradójico del caso es que el juicio en México en contra del acusado todavía no empieza.

En México, como vemos, todos somos culpables de cualquier acusación que puede hacernos la autoridad hasta que podamos demostrar que no lo somos. La presunción de inocencia que existe en otros países, simplemente no se aplica en México. Aquí la autoridad primero castiga y después averigua.