En una de las muchas crisis fiscales que vivió nuestro país en el siglo XIX, el presidente Antonio López de Santa Ana decidió cobrar impuestos a las ventanas y a los perros de compañía. El argumento era que las ventanas o los perros de compañía eran privilegios y, por lo tanto, había que pagar por tenerlos. Mucha gente optó por tapiar sus ventanas o por sacrificar a sus mascotas. Era mejor oscurecer los hogares que permitir este nuevo abuso del dictador.

Al parecer nadie informó a los técnicos de la Secretaría de Hacienda de este antecedente porque es muy probable que el paquete fiscal para el 2010 hubiera contenido también un impuesto a las ventanas o a los perros de compañía. No faltó mucho más. El secretario de hacienda está proponiendo una amplia gama de nuevos impuestos y alzas en los ya existentes para recaudar más fondos y enfrentar la crisis económica Lo injusto es que las empresas y las personas están teniendo ya que enfrentar la realidad de un ingreso menor. El único participante en la vida económica del país que no está dispuesto a apretarse el cinturón es el gobierno de la república, que prefiere que los gobernados se lo aprieten por él.

La verdad es que sí hay mucha tela de dónde cortar en el gasto público. El esfuerzo del gobierno debería enfocarse a ese gasto antes que atacar más aún las finanzas del pueblo mexicano con un aumento de impuestos en el momento más inoportuno de todos, el de una depresión económica.

El gasto público de nuestro país ha venido creciendo a un ritmo mayor que la economía o la inflación a lo largo de los últimos años. A pesar de que esta expansión del aparato gubernamental se ha justificado por los supuestos esfuerzos del gobierno para combatir la pobreza, la verdad es que los índices de pobreza en México no han disminuido en los últimos cuatro años. De hecho, entre 2006 y 2008, los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, se registró un incremento en estos indicadores.

No hay razón por la cual el gobierno no pueda reducir su gasto en la misma proporción que han bajado sus ingresos. Las empresas y familias están teniendo que hacer precisamente esto para enfrentar su nueva realidad. Mucho del gasto que erogan el gobierno federal y las administraciones estatales y municipales no tiene ningún efecto en el bienestar de los ciudadanos. Es un dinero desperdiciado que se sigue gastando porque así les conviene a unos cuantos políticos, líderes sindicales y burócratas.

Evidentemente un recorte a fondo del gasto público es difícil. Pero es mejor que el esfuerzo se haga en esa dirección y no en el de un mayor aumento de impuestos, que es la solución que el gobierno siempre quiere imponer a los gobernados en los tiempos de crisis.