La célebre máxima del patrimonialismo (hankismo) mexicano, “un político pobre es un pobre político,” ha adquirido un significado muy diferente en nuestra transición a un sistema de pesos sin contrapesos.

La sabiduría oficialista se sorprende ante el rechazo tajante, tanto popular como político, que ha sufrido la propuesta económica para el año entrante. Esta sorpresa es asombrosa. Los fabulosos desperdicios actuales, combinados con la perversa herencia de depender de ingresos (petroleros) no renovables, han orillado al gobierno actual a generar una propuesta diseñada para tapar los hoyos negros presupuestales. Si bien el recorte anunciado es un paso importante en la dirección correcta, dista mucho de la necesidad de acabar con el financiamiento recurrente de una clase política pobre, pero llena de privilegios.

El aumento a los impuestos especiales, más el nuevo impuesto general “contra la pobreza”, han sido interpretados como un paso atrás de la promesa de campaña de desarrollar un sistema de impuesto único. Pero la lógica de estos impuestos parece ser meramente recaudatoria. Resalta, en especial, el impuesto a las telecomunicaciones, el cual castiga la inversión en uno de los sectores más importantes para el futuro de la economía mexicana (y mundial).

Los legisladores se han rasgado las vestiduras, anunciando su oposición a estos nuevos impuestos. Pero esta es una hipocresía gigantesca. ¿Acaso existen propuestas de cómo reducir el gasto, o acabar con el despilfarro? ¿Quién se atreverá a decir que debemos abrir la electricidad a la competencia, en todos sus sectores, y dejar que Luz y Fuerza (junto con su hoyo negro de 40 mil millones de pesos al año) muera por la paz, o vaya, por la libre elección de millones de consumidores desgastados por el mal servicio, los apagones y corrupción?

Al final, los hoyos negros son consecuencia del pobre uso que hacen políticos, de ninguna forma pobres, de recursos derivados de una base cautiva de causantes. Los políticos, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, piden más gasto, pero rehúsan identificar la fuente de estos recursos. Habrá que pagar; y, si no hay una fuente identificable de financiamiento, habrá que caer en la trampa del déficit fiscal, que al final del día significa un endeudamiento a generaciones futuras—“passing the buck (peso).”

Los legisladores cometen una gran irresponsabilidad al rechazar sin proponer; y esta complacencia patrimonialista sí merece una condena terminal.