Para contar con sindicatos legítimos, honestos y eficaces hay que cambiar las reglas del juego del sindicalismo, comenzando por aquellas que tienen que ver con su financiamiento, mismo que debe ser aportado voluntariamente por los agremiados, trabajadores que deben agremiarse voluntariamente, condiciones indispensables para lograr sindicatos verdaderamente autónomos, autonomía que forma parte de su legitimidad, sin la cual más que garantizar derechos lo que hacen es defender intereses, existiendo una enorme diferencia entre lo primero y lo segundo, sobre todo cuando los intereses a defender son, no los de todos los agremiados, sino los de la camarilla en el poder.

En materia de financiamiento a los sindicatos tres deben ser las reglas del juego: 1) Ningún sindicato recibirá subsidio del gobierno o, dicho de otra manera, el gobierno no obligará a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a los sindicatos, subsidio que, para los contribuyentes, no es otra cosa más que un robo con todas las de la ley; 2) Ninguna ley obligará a la empresa a subsidiar al sindicato, independientemente de cómo se le llame a esa transferencia, misma que al final de cuentas es un impuesto, es decir, un desembolso obligatorio, impuesto por el gobierno, en contra del contribuyente, y a favor del receptor de dichos recursos; 3) Todo el financiamiento de los sindicatos provendrá de las cuotas obligatorias de aquellos quienes, ¡voluntariamente!, se hayan integrado a la organización sindical, por considerar que esa es una buena manera, no de promover sus intereses, sino de garantizar sus derechos, pago obligatorio de cuotas que, al final de cuentas, o por principio de ellas, resulta voluntario, dada la decisión del trabajador de afiliarse al sindicato.

El sindicalismo legítimo supone, irrenunciablemente, las siguientes libertades. Primera: para crear organizaciones sindicales. Segunda: para decidir, sí o no, la afiliación al sindicato. Tercera: para elegir, éste o aquel, el sindicato al cual afiliarse, tercera libertad que, obviamente, supone la primera. Cuarta: para trabajar sin necesidad de afiliarse a algún sindicato, cuarta libertad que supone, indiscutiblemente, la segunda, libertades que no deben limitarse, ni mucho menos eliminarse, por ningún motivo, mucho menos para consolidar algún monopolio sindical, libertades que son la condición necesaria para tener un sindicalismo legítimo, honesto y eficaz.

En el caso de los sindicatos de empresas gubernamentales, que ofrecen algún bien o servicio estratégico (siendo estratégicos los bienes y servicios que, como la electricidad, se usan, de entrada, en todos los procesos de producción), no debe concederse el derecho a huelga, cuando ésta suponga la interrupción en la provisión del bien o servicio. Si los monopolios del gobierno en los sectores estratégicos de la actividad económica son una calamidad, los sindicatos de dichos monopolios son una calamidad, no multiplicada por dos, sino elevada al cuadrado, más interesados en promover intereses, comenzando por los pecuniarios, que en garantizar derechos, comenzando por el derecho del trabajador a la productividad.

¿Quién tiene las ideas suficientemente claras, y los pantalones suficientemente bien puestos, para iniciar la reforma del sindicalismo mexicano?