La más fácil de las negociaciones alrededor del programa económico para 2010 es también la más nefasta para México: Incrementar más allá del 0.5 por ciento del PIB el déficit fiscal previsto para el año próximo.

Es la más fácil de las “soluciones” porque no genera rechazos inmediatos: La deuda pública “no se siente” en los bolsillos de forma inmediata, de forma que se puede seguir gastando alegremente, sin subir impuestos, sin molestar a los señores de las telecomunicaciones, ni de la cerveza, ni de los juegos de azar, ni molestar a los adictos a la gasolina barata, sin alterar los textos sagrados del PRI (que, al parecer, le impiden por razones abstrusas y demagógicas de antaño aceptar que la compra de alimentos y las medicinas pague también el Impuesto al Valor Agregado) y manteniendo una bolsa multimillonaria de recursos para que los gobiernos locales –estados y municipios– sigan gastando sin rendición de cuentas y sin transparencia. El paraíso, casi.

Si estiramos más la cuerda hasta se pueden salvar las tres inútiles y onerosas Secretarías de Estado que el Presidente había propuesto desaparecer como tales (para convertirlas en entidades más pequeñas, más eficientes y menos caras) y que, ya se vio, especialmente en el caso de la Secretaría de Turismo, tienen “clientes” poderosos en el Congreso que no quieren que se cierre esa fuente de recursos y prebendas.

Y es, a la vez, la solución más estúpida: Provocará la pérdida casi inmediata del grado de inversión para México (tasas más altas de interés y aún más dificultades para obtener financiamiento del exterior especialmente para el sector privado), inflación desatada, tasas de interés internas presionadas al alza; absorción por el gobierno de los escasos recursos internos disponibles para crédito y, en suma, inestabilidad, desempleo y pobreza. Eso sí, sin que lo sintamos de inmediato y hasta con porras y aplausos de los periodistas ignorantes o domesticados. “Flojitos y cooperando”.

Hasta ahora, en las negociaciones del programa económico 2010 (ingresos, egresos y deuda) el gobierno de Calderón, básicamente la Secretaría de Hacienda, ha resistido bien en ese punto. Los mensajes del Secretario de Hacienda no han dejado lugar a dudas: “No hay peor veneno para la economía que un mayor déficit fiscal” –cita más o menos libre de lo que dijo Agustín Carstens el viernes 16 de octubre. Claro que en esta defensa de un mínimo de responsabilidad fiscal la SHCP no cuenta con muchos aliados. Dentro del gobierno sería ilusorio pedir que los secretarios de Economía o del Trabajo, digamos, defiendan lo que no entienden o lo que de plano no les interesa. En la bancada del PAN en la Cámara de Diputados entienden más o menos eso de que el déficit fiscal es malo, pero no se trata de un equipo de legisladores particularmente brillante y preparado en materia económica. Además de que están en minoría frente al grupo del PRI.

De esta forma, las negociaciones por puro y simple realismo se han enfocado precisamente hacia el PRI, donde hay diputados competentes que más o menos entienden lo grave que sería incrementar la deuda pública (por ejemplo, Luis Videgaray, el presidente de la Comisión de Presupuesto, se ganaba la vida hasta hace poco deshaciendo entuertos de deuda pública de algunos gobiernos estatales, como el del estado de México, a las órdenes de Pedro Aspe y su conocida empresa Protego; de ahí saltó a la secretaría de finanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de ahí, con la bendición del “copete mexiquense” a la mismísima cámara de diputados y a presidir la comisión de presupuesto), pero que quién sabe qué tan firmes convicciones tendrán si se les presiona y que no son precisamente “independientes”, sino diputados con dueño: Videgaray se subordina a Peña Nieto; Cano Vélez a Beltrones; Penchyna y Levín Copel a doña Beatriz Paredes y así le podríamos seguir.

Una vez que salga “humo blanco” acerca de la ley de ingresos por parte de la Cámara de Diputados (lo que debe suceder antes de pasado mañana, miércoles 21 de octubre) la pelota de los ingresos se irá a la cancha del Senado, donde el PAN sí tiene una exigua minoría se senadores –aunque tampoco muchas lumbreras en la materia- y donde los priístas tienen el colmillo aún más largo y retorcido que sus colegas diputados… y donde el PRD está, para todo fin práctico, subordinado a “Don Beltrone” el senador del PRI que hace y deshace a placer.

No por conformismo, pero si al final se logra evitar la tentación de un mayor déficit, deberíamos darnos por bien servidos. Si, además, en un alarde de talento y de fortuna, se logran mayores reducciones del gasto, ¡magnífico! Y si, en el colmo de la buena suerte, se consigue que los gobiernos locales también se aprieten el cinturón por el lado del gasto, ¡maravilloso!, ¡de ensueño!

Así están las cosas. A pesar de lo que dicen algunos periodistas bien intencionados –que creen que todo es cosa de que en Los Pinos tengan mucha testosterona (como parece pensar la profesora Dresser)– el “marco institucional” –como dice Ricardo Medina siguiendo a los economistas y politólogos de la escuela de la opción pública, como Buchanan y Tullock– es definitivo en estas escaramuzas de la negociación fiscal (ingresos, egresos, deuda) y el marco institucional en México es así de enrevesado.

Tiene sus cosas buenas –la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una de ellas porque impone límites, así como la lógica constitucional de que no es posible autorizar egresos sin haber definido la fuente y el monto de los ingresos– y sus cosas nefastas, como los tremendos incentivos que favorecen un mayor gasto y una mayor irresponsabilidad fiscal.

Un punto importante para los ciudadanos de a pie será observar con cuidado el comportamiento de cada cual en esta negociación –lo que dicen y hacen, lo que no dicen y lo que dejan de hacer- para anotarlo en el archivo correspondiente y pasarle la cuenta a los políticos de todos los partidos en la primera oportunidad.

Veremos y anotaremos.