A lo mejor le parece a usted una compleja teoría de la conspiración, pero a veces la verdad se oculta detrás de fachadas muy barrocas.

La decisión de la clase política mexicana de subir impuestos en medio de una recesión no sería aceptable en ningún país democrático. Lo que han hecho la mayoría de los gobiernos de naciones libres en estos tiempos difíciles ha sido mantener o incluso reducir impuestos a pesar de los aumentos en gastos generados por la propia crisis y de incurrir en un déficit de presupuesto.

¿Por qué han actuado de forma tan distinta los políticos mexicanos? ¿Por qué un grupo de diputados supuestamente inteligentes, de partidos tan distintos como el PAN y el PRI, han optado por ir en contra de la racionalidad política y de los deseos de los votantes? ¿Por qué el mismo presidente de la república, que hizo campaña con la promesa de reducir impuestos, hoy se decide por elevar gravámenes y se vanagloria de haber roto sus promesas de candidato?

Quizá la razón se encuentre en 2007, el mismo año en que el presidente aplicó su primera alza de impuestos con la creación del IETU. Al tiempo que buscaba arrancar más dinero a los contribuyentes, el presidente Felipe Calderón negoció por debajo del agua una “reforma electoral” destinada a fortalecer un monopolio de los partidos, o más bien de sus dirigentes, sobre la vida política del país.

Esa reforma partió de una violación de la propia Constitución, la cual prohibía expresamente la destitución de los consejeros del Instituto Federal Electoral, el IFE. Para obtener el respaldo del PRD, los líderes de los partidos acordaron destituir al presidente y, de manera gradual, a los demás consejeros del IFE. Con esta decisión el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador obtenía la cabeza del consejero presidente Luis Carlos Ugalde, a quien culpaba de su derrota en la elección del 2006, pero al mismo tiempo los partidos políticos mandaban un mensaje a los consejeros: cuidado, porque si son demasiado independientes se les destituirá, aunque lo prohíba la Constitución.

Esta verdadera contrarreforma ratificó los elementos más perniciosos de la anterior legislación: los consejeros del IFE siguen siendo escogidos por los propios partidos que deberían regular, los ciudadanos que no son postulados por algún partido no tienen derecho de ocupar cargos de elección popular, los legisladores no pueden ser reelectos para evitar que adquieran independencia frente a los líderes de los partidos. Además se prohibió a los ciudadanos contratar tiempos de radio y televisión para expresar sus ideas políticas, con lo que se dejó un verdadero monopolio a los partidos, y se proscribieron las campañas críticas para que el buen nombre de los políticos no quedara manchado.

Ya con estas nuevas reglas, los políticos se pueden dar el lujo de aplicar medidas no solamente impopulares sino abiertamente dañinas a la población. Aumentar impuestos en una recesión es un absurdo económico que retrasa la recuperación y empobrece a los mexicanos. Los políticos se benefician, porque tienen más dinero que gastar y que embolsarse. Pueden así empezar a preparar sus cochinitos para las próximas campañas electorales y en particular para la del 2012. Pero lo pueden hacer fundamentalmente porque antes realizaron una contrarreforma electoral en el 2007 que les permite hacer lo que quieran sin temor a que los ciudadanos los expulsen del poder.