Hace dos sábados amanecimos con la noticia de que el precio del litro de gasolina Magna, y también el del diesel, aumentaron cinco y tres centavos, para terminar en 7.77 y 8.18 pesos, aumento ante el cual a los consumidores no nos queda más que la libertad de decidir si compramos o no el combustible, pero no la libertad de elegir a quién comprárselo, por la razón de que tal oferta es monopólica: Pemex o Pemex.

No critico el alza del precio de dichos combustibles, sobre todo si da como resultado, en aras del realismo económico, que el consumidor pague el precio real del bien que consume, entendiendo por precio real el que no está subsidiado por el gobierno, que es tanto como decir, por los contribuyentes. Al respecto, revisando la Ley de Ingresos de la Federación 2009, resulta que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a la gasolina y el diesel para combustión automotriz, será, este año, negativo por 105 mil 872 millones de pesos. ¿Qué quiere decir que un impuesto sea negativo? Que al contribuyente no se le quita sino que se le da. ¿Y qué supone que al contribuyente se le dé? Un subsidio.

Lo contrario del impuesto es el subsidio, de tal manera que un impuesto negativo implica, necesariamente, un subsidio que, cuando se aplica al precio de algún bien o servicio, da como resultado un precio irreal, mismo que, en aras del realismo económico, debe eliminarse. ¿Cómo? Eliminando el subsidio para que el consumidor pague el precio real, único a partir del cual es posible economizar.

Si el alza en el precio de la gasolina y el diesel tiene como fin eliminar el subsidio, entonces apunta en la dirección correcta (y para el 2010 se prevé una recaudación, por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolina y diesel, de 20 mil 857 millones de pesos),  y no hay nada que objetar. Pero una cosa es que no haya nada que objetar a la eliminación de un subsidio, aunque su consecuencia inmediata sea el alza del precio, y otra muy distinta que los consumidores nos conformemos con la libertad de decidir (compro o no compro) al margen de la libertad de elección (le compro a éste o a aquel).

Los consumidores de gasolina y diesel, en México, tenemos libertad de decisión, pero no de elección, y no tenemos esta última, no porque resulte imposible la oferta competida de energéticos, sino porque la ley, comenzando por la Constitución, prohíbe la oferta privada de tales combustibles y, por ello, la competencia entre oferentes, todo ello, ¡faltaba más!, en beneficio de los mexicanos. Sí, ¡cómo no!

Ahora que estamos a punto de celebrar doscientos años de independencia, y cien de revolución, independencia que nos liberó de la corona española, revolución que nos liberó del porfiriato, preguntémonos quién nos liberará de los monopolios, comenzando por los gubernamentales, que limitan la libertad a la de decisión, eliminando la de elección. Abusados legisladores, ¡allí está la tarea!