Si el lector vive en el Distrito Federal, de veras le compadezco. Y no me refiero a las tribulaciones que se suelen sufrir en las grandes ciudades como exceso de tráfico, contaminación e inseguridad pública.

No, la razón es cómo opera la dictadura de las mayorías en el DF. Basta con que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, tenga una ocurrencia, y por mayoría aplastante es aprobada en la Asamblea Legislativa. No importa si se violan los más elementales derechos de propiedad.

Tal como lo comentamos hace unas semanas, ya es costumbre del GDF golpearnos a todos en el bolsillo mediante alzas arbitrarias de impuestos en el comienzo del año. Sí, es cierto, el sector federal también nos ha acostumbrado a nuevos impuestos y alza de tarifas, pero los contrapesos de poder que operan a nivel federal no permiten abusar descaradamente en términos fiscales, como sí se hace en el DF.

Ya de por sí los impuestos son un robo con todas las de la ley. Pero si a eso agregamos que en el DF opera vilmente la dictadura de las mayorías, los defeños están fritos, en particular las minorías que no suelen votar por el PRD. Sólo véase lo que ocurrirá con el alza arbitraria (de hasta 1,000%) en las tarifas del agua. Tres serán las delegaciones más afectadas: Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. La razón, otra vez sencilla: en esas delegaciones gobierna el PAN.

¿Qué sucederá en el resto de las delegaciones? El alza será moderada. Ya de por sí en el predial, desde hace tiempo las delegaciones más afectadas han sido las panistas. Nuevamente la aplanadora perredista utilizará el uso y abuso de los impuestos para golpear a las minorías y beneficiar a sus clientelas. Y si el PAN intenta protestar, la aplanadora perredista puede dejar sin presupuesto a sus delegaciones. Verdadera y vil dictadura de las mayorías.

Pero la dictadura de las mayorías no termina en las cuestiones impositivas. Los defeños, incluso las minorías, ven con simpatía que el GDF se porte como un dictador al, por ejemplo, encarcelar por decenas de horas a quien conduzca en estado de ebriedad. Perdón, pero es un vil abuso contra los ciudadanos. Cuando alguien toma y maneja, efectivamente, debe el Estado sancionar, pues se pone en peligro la vida de los demás. Lo ideal es al estilo de los países anglosajones, en donde si se sorprende la primera vez, hay fuerte multa y amonestación del juez. Incidir puede costar la cancelación definitiva de la licencia, y en algunos casos hasta cárcel. De ahí que en estas naciones, la vida nocturna se apoya principalmente en taxis que dan buen servicio, y en donde no asaltan, violan y matan como ocurre en el DF.

Claro, este sistema de sanciones es imposible de operar en el DF, que es dominado por una policía corrupta. Cualquiera evitaría el ser presentado al Ministerio Público con una “mordida.” En países como EU y Canadá el soborno se castiga con cárcel, por lo que los ciudadanos la piensan dos veces a la hora de proponer alguno.

Una salida para los países con instituciones débiles es el llamado “alcoholímetro”, pero sin abusar de los ciudadanos. Tal es el caso de España, en donde en algunas ciudades, si no se pasa la prueba, se procede a una multa, y sólo se retiene el automóvil si el conductor no logra llamar a un familiar ó amigo sobrio para que le conduzca a su casa. Por supuesto, si se reincide hay multas y hasta cancelación definitiva de licencia.

Pero no, en el DF todos aplauden el sometimiento de los ciudadanos.

Lo mismo ocurre con la vida nocturna. Basta con que se muera de alcoholismo el hijo de un periodista famoso, ó que algún asambleísta moralino le molesten los centros nocturnos, para que se proceda a coartar la libertad de comprar y consumir alcohol (algunos de plano les gustaría prohibir, sin saber que dicha acción sólo agravaría el consumo de alcohol como sucede hoy con las drogas), ó peor aún, la libertad de reunirse -imponiendo horarios- en un bar ó restaurante.

Otro caso.

Algunos periodistas distraídos presumen que la asamblea legislativa dio un ejemplo de primer mundo al aprobar los llamados matrimonios “gay.” Las personas homosexuales, por supuesto, están felices. Perdón, pero, ¿qué festejan? Como liberal acepto la libre elección sexual de los individuos (siempre y cuando, claro, no se viole la libertad de nadie). Pero también sé que el Estado tiene, desde hace ya siglos, el yugo de las relaciones amorosas entre las personas. El Estado controla las relaciones matrimoniales, que si fueran libres se deberían regir por contratos privados. En cambio, es el Estado quien aprueba quiénes habrán de casarse ó no y, claro, pagando la tarifa correspondiente. Los gays bisoños sólo se están sometiendo al yugo del GDF. Que luego no se quejen cuando vilmente les suban el trámite por casarse.

Gracias al yugo estatal, es que vemos, cuando se trata de personas adineradas, indemnizaciones millonarias por divorcio, totalmente injustificadas a tal ó cuál cónyuge.

Que quede claro, el DF no es Amsterdam, Ottawa ó Boston, como algunos periodistas párvulos quieren hacer creer a la gente. El DF desde 1997 es una ciudad gobernada por la dictadura izquierdista de las mayorías. Desde entonces, cada vez hay menos libertad, peor transporte público, mayor tráfico, mayor inseguridad, más agresiones a los derechos privados de propiedad, menos agua potable, más pan y circo, y claro, su contraparte, más y más altos impuestos. Qué tristeza.