La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió este 21 de enero que es inconstitucional la prohibición que había existido en ese país para que las empresas pudieran comprar espacios en los medios para expresar sus ideas políticas o su apoyo o rechazo a candidatos.

El fallo fue cerrado. Cinco ministros votaron a favor y cuatro en contra. Pero la decisión fija el criterio de que no sólo los individuos sino también las empresas gozan de la garantía de libertad de expresión que otorga la primera enmienda de la Constitución. Esta libertad, señaló la Corte, se invalida si no se permite a empresas o personas utilizar los medios de comunicación para expresar sus ideas.

La decisión elimina una serie de restricciones establecidas desde principios del siglo XX a la compra de espacios en periódicos y otros medios de comunicación por empresas para atacar o defender candidatos.

Mientras la Suprema Corte de los Estados Unidos ha zanjado esta cuestión, el asunto ha regresado también al mayor tribunal de nuestro país. Los juicios de amparo presentados por varias organizaciones empresariales y un grupo de intelectuales a la prohibición de contratar tiempos de radio y televisión para defender sus ideas políticas han bajado de la Suprema Corte a los tribunales inferiores pero han regresado otra vez a la Suprema Corte. Se espera que dentro de poco los ministros se pronuncien en definitiva sobre este tema.

La violación a la libertad de expresión en México es bastante peor que la que la Corte declaró inconstitucional en los Estados Unidos. En nuestro país la prohibición para contratar tiempos de medios se aplica no sólo a las empresas sino también a las personas físicas. Por otra parte la legislación sí permite la compra de espacios políticos en medios impresos, medida que parece haber tenido el propósito de quedar bien con las empresas editoras de diarios y revistas que han podido así beneficiarse de un monopolio para la publicidad política.

Para el Instituto Federal Electoral esta limitación a la libertad de expresión es un triunfo en México. En el libro blanco sobre las elecciones de 2009 entregado al Congreso el IFE señala que uno de los puntos críticos en la aplicación de la reforma electoral fue la regulación de la propaganda en la campaña. Es necesario reconocer, dice el documento, que la libertad de expresión no es un valor absoluto porque si se desborda puede afectar la equidad.

Los propios directivos del IFE reconocen, sin embargo, que la reforma electoral y las consiguientes limitaciones a la libertad de expresión no han sido aceptadas de manera general. “La reforma tuvo una especial dificultad para ser entendida y asimilada” por la población, señala el documento.

El hecho es que mientras en Estados Unidos la Suprema Corte determina que es inconstitucional limitar el derecho a las empresas a comprar espacios para expresar sus ideas políticas, en México se mantiene una prohibición que afecta no sólo a las empresas sino a las personas físicas. Y esto a pesar de que el artículo sexto de la Constitución mexicana, como la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, supuestamente garantiza la libertad de expresión.