Madrid (AIPE)- Acuciado por la repentina retirada de la confianza de los inversores extranjeros, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, además de recortes del gasto público y estéticas reformas de las leyes laborales, ha prometido a la Comisión Europea revisar a fondo el sistema de pensiones español para garantizar su solvencia. Al mismo tiempo, ha intentado adormecer la opinión pública nacional presentando esa prometida revisión como una mera sugerencia para su consideración por la Comisión del Pacto de Toledo. No pueden engañarnos. La solvencia de las pensiones públicas en España está en entredicho y ningún maquillaje podrá disimular esa grave situación.

La crisis financiera ya no atenaza sólo a los promotores inmobiliarios o a las cajas de ahorro o a este o aquel banco, sino también al sistema de pensiones, lo que es más peligroso, pues ello hará tambalearse la confianza en la solidez financiera del Estado español en el largo plazo. Se me dirá que la mala situación de la economía privada –con sus quiebras de pequeñas empresas, su creciente paro, su caída de la producción industrial, sus excesivos costos laborales, su contracción del turismo, y las sombras que envuelven a las instituciones financieras– no puede deberse a que las pensiones públicas no puedan pagarse dentro de 10 o 15 años. Sin embargo, si el sistema de pensiones español amenaza quiebra y no se toman medidas para reestructurarlo, se reforzaría la tendencia de los inversores extranjeros a reducir la cantidad de deuda pública española en sus carteras y a pedir un plus de seguro para decidirse a comprar nuevas emisiones de deuda. La fragilidad de nuestro sistema de pensiones podría prolongar ese recargo de interés y dar lugar a una década de anémico crecimiento como la de Japón después de que allí estallara la burbuja inmobiliaria de los años ochenta.

Nuestro sistema de pensiones es de reparto, quiere decirse que los pensionistas no reciben el rédito de lo que ahorraron e invirtieron sino que viven de las cotizaciones actuales de quienes están empleados. Un sistema de reparto parece muy sólido mientras los jóvenes empleados son mucho más numerosos que los mayores pensionistas. Sin embargo, cuando la vida media de la población se prolonga y aumentan los parados en edad de trabajar o los empleados buscan jubilarse cuanto antes mejor, el flujo de caja no basta para sufragar las pensiones. El sistema de reparto es sostenible sólo si la vida laboral se prolonga a medida que las personas viven más años y si los trabajadores empleados aumentan su productividad, entre otras cosas porque no están en el paro. Nuestro sistema, pues, depende crucialmente de que el Estado incumpla las promesas sobre la edad de retiro, de que el mercado de trabajo no sea una fábrica de parados, y de que la economía en su conjunto sea cada vez más productiva y competitiva.

En consecuencia, en el sistema coactivo e impositivo que es el nuestro, el Gobierno no tiene más remedio que decidirse por una combinación de retraso de la edad de jubilación, de reducción del monto de las pensiones y, si le fuera posible, de aumento de las cotizaciones. Ello desataría (en realidad, desatará) la protesta de los trabajadores que querrían gozar de largos años de jubilación, de inminentes pensionistas que confiaban en el ingreso que se les había prometido, y de empresarios que ven las cotizaciones de la egresa como un impuesto sobre la mano de obra empleada. Sin embargo, salvo si se reforma a fondo el sistema, un Gobierno acuciado por la posible suspensión de pagos y carente de escrúpulos (lo que se llama un “Gobierno responsable”) no tiene otra salida que la presentada a Bruselas: alargar la vida laboral a los 67 años, extender el período sobre el que se calcula la pensión de los últimos quince años a los últimos veinticinco y usara el respiro de ese menor gasto para reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El presidente del Gobierno debería explicar lo que ocurre y la Oposición apoyar ese doloroso recorte.

Algo más hay que hacer, sin embargo. Estas dificultades se platearán de forma recurrente en un sistema de reparto, sobre todo si los Gobiernos no son capaces de reducir los privilegios de empleados antiguos y de representantes sindicales ni de conseguir mejoras de productividad para que las pensiones no se conviertan en una carga insostenible. El saneamiento de un sistema de reparto tiene que ir acompañado de una reforma del mercado de trabajo y del sistema educativo, sobre todo por lo que se refiere al aprendizaje. Mas lo verdaderamente importante es que España se plantee la paulatina transformación del sistema de pensiones hacia otro de capitalización, para que al menos una parte de la pensión fluya de lo que cada trabajador ha ahorrado para su jubilación. El sistema de reparto es siempre inviable. Hay que desmantelarlo, aunque sea poco a poco, pero esto es tan revolucionario en nuestro país que habrá que dejarlo para otro día.

___* Profesor de la Universidad San Pablo CEU, Madrid.

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