Es claro que una mejora del marco institucional que rige la interacción de los agentes económicos en los diferentes mercados, sean estos de bienes o de factores de la producción, se traduce en un mayor bienestar de la población. Reglas más claras y eficientes que generen los incentivos para que una asignación más eficiente de los recursos en mercados competitivos, reflejando la escasez relativa de los mismos, derivan en una ganancia en el bienestar tanto de los productores como de los consumidores. Además, si las reglas que emanan del marco legal generan los incentivos para la acumulación de riqueza, esto se traduce en una mayor tasa sostenida de crecimiento económico, con el consecuente aumento en el bienestar intergeneracional.

Si hay una ganancia social derivada de mejorar el marco institucional, ¿por qué no se hace? La respuesta es que las reformas que harían más eficiente las reglas del juego no se hacen porque hacerlas implica quitarle a alguien las rentas que está obteniendo del marco institucional ineficiente y éste hará hasta lo imposible para mantener el statu quo y sus rentas. Algunos ejemplos.

Una reforma a la legislación laboral que abaratara los costos de despido y consecuentemente de contratación de mano de obra, que permitiese una mayor flexibilidad en el mercado laboral, que incentivara la capacitación en el trabajo y la introducción de mejoras tecnológicas, se traduciría en mayor empleo, mayores salarios reales, menores precios de los bienes para los consumidores y mayor crecimiento. Estas reformas no se hacen porque los que perderían sus rentas son los líderes sindicales y, por lo mismo, ellos harán lo necesario para bloquear cualquier cambio en el marco legal.

Una reforma del sistema educativo nacional que le de a los padres la libertad para elegir escuela para sus hijos, que ligue el salario de los profesores a su desempeño en el salón de clase y que genere mayor transparencia en el propio desempeño de los profesores, se traduciría en mayor competencia entre escuelas y una mejora en la calidad de la educación. Esta reforma no se hace porque los que perderían sus rentas son los líderes del SNTE y, por lo mismo, bloquearán cualquier intento de reforma.

Reformar la Ley Federal de Competencia Económica para incrementar las penas por prácticas monopólicas se traduciría en mayor competencia en los mercados y en menores precios para los consumidores, con una clara ganancia en su bienestar. No se hace la reforma porque los legisladores erróneamente creen que su papel es proteger a los productores, más el hecho de que aquellas empresas que incurren en prácticas monopólicas y obtienen por ello rentas, tienen el poder para cabildear en el Congreso en contra de dicha reforma, capturando a los propios legisladores y a los reguladores.

Reformar las leyes relativas a las agrupaciones políticas y las electorales, aumentarían la competencia entre partidos, incrementarían la rendición de cuentas a los electores y se lograría una mayor eficiencias en el proceso legislativo y en el ejercicio del gasto público, redundando todo ello en un mayor bienestar de la población. No se hacen estas reformas porque los líderes de los partidos políticos perderían poder y, sobretodo, perderían rentas.

Y así, todas estas reformas que son socialmente deseables son, al mismo tiempo, imposibles de instrumentar.