Aun a costa de ser repetitivo respecto de lo que ya he expresado en otras ocasiones en este mismo espacio, el “affaire Sheraton” me induce a tratar nuevamente el tema de la notoria debilidad del estado de derecho en nuestro país. Como he señalado, una de las condiciones necesarias para que un país experimente un proceso sostenido de desarrollo económico, es contar con un arreglo institucional eficiente, uno en donde las reglas del juego establecidas en el marco legal definan eficientemente los derechos privados de propiedad y generen las condiciones para que haya igualdad de oportunidades de acceso a mercados competitivos; se requiere además que estos derechos estén plenamente garantizados por un poder judicial independiente e imparcial, uno que no tenga intereses particulares en los litigios sobre los que tiene que juzgar. En este tipo de arreglo institucional, todos los individuos se sujetan a lo que establece el marco legal vigente, incluido obviamente el propio gobierno, quien no puede violentar la esfera privada si no es para hacer cumplir las leyes y castigar a quienes las violenten.

Un vistazo a vuelo de águila de nuestro arreglo institucional permiten ver cuatro elementos que nos indican lo extremadamente débil que es nuestro estado de derecho y el por qué tenemos un tan bajo nivel de desarrollo económico: a) las leyes vigentes, empezando con la Constitución, no definen eficientemente los derechos privados de propiedad; b) una gran cantidad de mercados (energéticos y telecomunicaciones por mencionar solo dos)  no son competitivos, violando con ello el principio de igualdad de oportunidades de acceso; c) el poder judicial, particularmente en los niveles de los Estados, no son ni independientes ni imparciales por lo que no protegen eficientemente los derechos de propiedad; y d) el gobierno no se sujeta a lo que marcan las leyes vigentes, violenta continuamente la esfera privada y decide, arbitrariamente, cuales leyes se aplican, así como cuando y a quién se les aplican.

Es este último elemento el que quiero atender en este artículo. La expulsión de los funcionarios cubanos del Hotel Sheraton, en aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses y contraviniendo la “cláusula Calvo” que obliga a las empresas extranjeras localizadas en México a renunciar a la protección de sus gobiernos y a cumplir con lo establecido en las leyes mexicanas, representó una clara violación de la ley y merece, en consecuencia, se apliquen las penalidades establecidas para el caso. Pero más allá de esto, y habrá que esperar el desenlace en el ámbito federal, merece comentarse las acciones tomadas por el gobierno del Distrito Federal, particularmente las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc.

La “repentina” visita de inspectores de la Delegación, encontró diversas violaciones a disposiciones legales locales que, según la Delegada, ameritan la inmediata e irrevocable clausura de las instalaciones del hotel. Construcciones no autorizadas, bares operando sin licencia, falta de lugares de estacionamiento y no contar con menús en braile son causa, según la Delegada, para la clausura. He aquí un muy buen ejemplo de la arbitrariedad con la cual los gobiernos en México, sea el federal, los estatales o los municipales, aplican las leyes. Habría que preguntarle a la Delegada si las violaciones de las cuales se le acusa al Hotel son nuevas; ¿nadie sabía previamente? ¿Por qué ahora? Y más aun, ¿por qué esa misma Delegada no atiende con el mismo rigor que en este caso todas y cada una de las violaciones a las diversas disposiciones locales que se suscitan diariamente en su Delegación? ¿Por qué no persigue a quienes venden productos robados en varias calles y mercados de su Delegación? ¿Por qué permite la instalación y operación de puestos callejeros? ¿Por qué no atiende las violaciones a los códigos de construcción y seguridad en varios inmuebles allí localizados? ¿Ya revisó que en todos los hoteles localizados en su Delegación existan menús en braile, que todos los bares tengan licencia?

La actuación del Gobierno del Distrito Federal y de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, además de mostrar lo arbitrario que pueden ser en la aplicación de las leyes, mostraron otra cosa más: su burda sumisión al Jefe Fidel al grito de “Mueran los gringos, viva el gobierno dictatorial cubano”.