El gobierno mexicano es un gobierno fallido, sobre todo si aceptamos que la tarea esencial de cualquier gobierno, aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo, es la de garantizar la seguridad contra la delincuencia y, de no poder hacer válida esa garantía, la de impartir justicia en sus dos vertientes: castigar al delincuente y, de ser posible, resarcir a la víctima. En ambas tareas el gobierno mexicano, comenzando por el Federal, pasando por los estatales, hasta llegar a los municipales, sin olvidar al capitalino y a los delegacionales, deja mucho que desear, con un agravante: no solamente no mejoramos sino que empeoramos. El gobierno mexicano es un gobierno fallido, y ello por decir lo menos, ya que, diciendo lo más, el gobierno mexicano, para muchos mexicanos, es un gobierno inexistente.

Una cosa es que haya algunos millones de burócratas dedicados a tareas tan dispares como pueden ser desde la extracción de petróleo (PEMEX) hasta la educación de la gente (SEP), desde el mecenazgo a favor de las artes (CONACULTA) hasta la promoción del deporte (CONADE), y otra muy distinta que haya gobierno, entendido como un poder capaz de garantizar la seguridad contra la delincuencia y, en caso de fallar, impartir justicia, y de hacerlo con honestidad y eficacia. De lo primero sobra, de lo segundo falta, sin pasar por alto lo siguiente. Si el gobierno no es capaz de garantizar la seguridad contra la delincuencia, razón por la cual se comete alguna injusticia (asesinato, secuestro, violación, mutilación, robo, etc.), entonces debe impartir justicia (castigar al delincuente y resarcir a la víctima). ¿Pero qué sucede si el gobierno no es capaz, por las razones que sean, de impartir justicia? ¿Cómo justifica entonces su existencia y lo que la hace posible, a saber: el cobro de impuestos? Ante el gobierno fallido, o de plano inexistente, ¿cómo se justifica el cobro de impuestos?

Un gobierno fallido hace que fallen muchos otros frentes, como lo es el de la economía. La mexicana ha sido, en las últimas cuatro décadas, una economía fallida, ya sea por la inflación (1970 – 1982), ya sea por la inflación con estancamiento en la producción de mercancías y en la generación de ingreso (1983 – 1988), ya sea por la inflación con bajo crecimiento (1989 – 2009), y lo ha sido, de manera principal, porque el gobierno, sobre todo el Poder Legislativo, ha fallado en construir un marco institucional (reglas del juego) favorable al progreso económico. Las razones de ese fallo son, en esencia, tres: la ignorancia en materia económica, sobre todo de los legisladores, que redactan y promulgan leyes basadas en falacias económicas; los prejuicios, de muchos legisladores, políticos, periodistas, intelectuales, etc., en contra de todo lo que sea privado y extranjero; los intereses pecuniarios, sobre todo de los empresarios grandotes, ignorancia, prejuicios e intereses que forman una Hidra de tres cabezas a la que hay que decapitar sin misericordia, tarea para la cual se necesita un héroe de la talla de los homéricos. ¿Quién se apunta?