Durante la Legislatura pasada (2006 – 2009), cuando se trató de reformar la Ley Federal de Competencia Económica, los diputados del PRI en la Comisión de Economía la bloquearon. En un nuevo intento para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia en su labor para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, el Presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa para reformar la citada ley. En la iniciativa destacan la propuesta para incrementar el monto de las multas hasta el 10% del valor total de las ventas, la tipificación penal de las prácticas monopólicas, la facultad para la Comisión de intervenir de forma cautelar a las empresas y el que la Comisión pueda investigar y castigar las prácticas monopólicas de las entidades públicas en actividades reservadas exclusiva y, por lo mismo, monopólicamente al gobierno.

La respuesta inmediata de algunos legisladores, además de las típicas “la estudiaremos y enriqueceremos” y “no estamos dispuestos a darle al presidente un cheque en blanco”, da a entender que difícilmente se aprobará tal propuesta. Ante ello, vale la pena formular a los diputados algunas preguntas. 

¿Entenderán los diputados cuál es el trabajo para el que fueron contratados por los ciudadanos y por el cuál, nosotros los contribuyentes, les pagamos su exorbitante e inmerecido salario? ¿Entenderán que ellos, como todos los demás integrantes del gobierno mexicano, son nuestros empleados? Nosotros los contratamos y le pagamos con nuestros impuestos para que cuiden de nuestros intereses y su labor se traduzca en una mejora en nuestro bienestar, en el bienestar de todos los mexicanos. En el caso de los legisladores federales su labor es elaborar leyes que, en el ámbito económico, tengan solamente los siguientes objetivos: definir eficientemente los derechos privados de propiedad, garantizar la igualdad de oportunidades y promover que todos los mercados, incluyendo los de bienes, servicios y factores de la producción (el laboral, el financiero y de capitales y el de la tierra), operen en un contexto de competencia. En suma, la labor de los diputados y senadores es legislar pensando únicamente en el bienestar de los consumidores.

¿Entenderán los diputados que independientemente de cual sea nuestra fuente de ingresos todos somos, incluidos ellos, consumidores? ¿Entenderán que nuestro bienestar se maximiza cuando podemos elegir libremente qué bienes queremos consumir y a quiénes se los vamos a comprar y que  la única forma de efectivamente ser libres para elegir es si los mercados operan en competencia? ¿Entenderán que su trabajo no es elaborar leyes para proteger a las pequeñas y medianas empresas fomentando su ineficiencia e ineficacia? ¿Entenderán nuestros diputados que le pagamos para que protejan el interés de los consumidores y no el interés de algunas empresas o grupos?

¿Entenderán los diputados que la razón de porqué México es un país subdesarrollado, con altos índices de pobreza y una notoria inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso es, precisamente, porque a la hora de elaborar las leyes, los legisladores pensaron en cómo favorecer a determinados grupos de interés y se olvidaron de legislar a favor de los consumidores, en la práctica sacrificándolos?

¿Entenderán que seguir protegiendo a los rentistas implica condenar a México a permanecer en la mediocridad?