En mi Aquelarre Económico de la semana pasada intenté describir el choque intelectual en los Estados Unidos entre quienes proponen aumentar aún más el gasto gubernamental para mantener la recuperación económica y los que plantean priorizar la reducción del déficit y la deuda públicos.

La reunión del fin de semana del G-20 en Toronto le dio una nueva dimensión a este debate al elevarlo a nivel internacional. Lo sorprendente, sin embargo, fue el alineamiento pues EU, al que suele condenársele por su “capitalismo salvaje,” defendió aumentar el gasto público, mientras que los países europeos, tipificados siempre como “socializantes,” propugnaron por la austeridad fiscal.

¿Qué puede explicar una reversión tan notable en el papel que normalmente juegan estos países en política fiscal? ¿Cómo debe interpretarse que se haya roto el consenso alcanzado en reunión anterior del G-20 en septiembre pasado de apoyar la rehabilitación económica con mayor gasto?

La respuesta en ambos casos se encuentra en la tragedia griega y de otros países europeos con elevados déficit y deuda, que desde principios del año puso en entredicho la solvencia de sus economías y hasta la solidez del euro, moneda común de 16 naciones de la Unión Europea.

La prolongada negociación que llevó a adoptar el paquete de rescate de cerca de un billón de dólares para países en problemas, puso en evidencia que los mercados mostraban preocupación no sólo por los llamados países periféricos europeos, sino que empezaban también a cuestionar la viabilidad financiera de todos, incluidos Alemania, Francia y el Reino Unido.

En tales circunstancias sus gobiernos adoptaron medidas que incluyen recortes importantes al gasto, aumentos en impuestos y reformas estructurales urgentes, como posponer la edad de jubilación para hacer financieramente más  viables los planes de pensiones.

Es claro que la circunstancia de cada país es distinta por lo que una política uniforme de gasto deficitario “estimulante,” como propone el gobierno de Barack Obama, no es la adecuada para muchos de ellos, sobre todo los europeos.

Japón, por otra parte, tiene la mayor deuda pública como proporción del PIB del mundo, casi 200%, pero no enfrenta el mismo aprieto que los europeos pues los principales tenedores de sus bonos gubernamentales son los propios japoneses.

Ello significa que Japón no tiene que recurrir a los mercados internacionales de capital para refinanciar su deuda, lo que le permite a su gobierno continuar con un gasto deficitario en el corto plazo para apoyar su recuperación económica, al tiempo que anuncia medidas para atender su déficit en el futuro.

Otro caso especial es el de Estados Unidos, con una deuda pública bruta del 90% y un déficit superior al 10% del PIB. A pesar que casi la cuarta parte de su deuda está en poder de extranjeros, con China y Japón en primerísimo lugar, los mercados no han mostrado desconfianza hasta ahora.

Esto se debe a que EU está endeudado en su propia moneda, que es aceptada por el resto del mundo lo que le da una posición privilegiada, como lo sabía bien el insigne y sabio Rodrigo Gómez, director del Banco de México durante el fulgurante período del Desarrollo Estabilizador entre 1952 y 1970.

Se le atribuye a don Rodrigo haber dicho que le gustaría que le prestaran la “maquinita de hacer billetes,” a lo que le repusieron que él la controlaba. Su respuesta fue, “sí, en efecto, la de hacer pesos, pero la que quiero tener es la de imprimir dólares.”

Dado que ese no es el caso, ¿cuál es la receta que le conviene adoptar a nuestro gobierno entre las visiones antagónicas que se enfrentaron en Toronto, gastar más para estimular la economía o apretarse el cinturón para corregir el déficit de 3.2% del PIB en el que incurrió el año pasado?

En el corto plazo, México no tiene problema financiero pues tanto el nivel de su deuda pública (inferior al 25% del PIB) como su porción de pasivos externos, son modestos. Sin embargo, el país enfrenta una situación de gravedad extrema hacia el futuro con la desaparición acelerada de su riqueza petrolera, que hoy aporta la tercera parte del presupuesto.

Esta circunstancia demanda ser prudentes en el gasto público pero, más que nada, adoptar las reformas estructurales muchas veces propuestas, incluida una verdadera reforma fiscal. Lamentablemente, la mayoría de los políticos no parece entenderlo así.