Al menos de palabra, y al menos al más alto nivel, sobre todo en el Gobierno Federal, existe la intención de desregular la actividad económica, con el fin de aumentar la competitividad de la economía, lo cual la hará más atractiva para los capitalistas, lo cual aumentará el volumen de las inversiones directas, que son las que crean empresas, producen bienes y servicios, originan empleos y, con ellos, la oportunidad de generar ingresos, todo lo cual se traduce en un mayor progreso económico, definido como la capacidad para producir más, y mejores, bienes y servicios, para un mayor número de gente. Por ello, al menos de palabra, y al menos al más alto nivel, sobre todo del Gobierno Federal, existe la intención de desregular la actividad económica, y ello explica algunas acciones recientes, como lo fue, hace algunos días, el anuncio de cinco medidas, de tipio tributario, que tienen como fin, por obra y gracia de la desregulación, facilitarle la vida a los contribuyentes, no porque vayan a pagar menos y menores impuestos, ¡ello todavía es mucho pedir!, sino porque el cálculo y el pago de los mismos será más fácil, lo cual, puesto en números, y como ya lo comenté en otro Pesos y Contrapesos, supondrá un ahorro de tiempo de hasta el 40 por ciento que, traducido a pesos, sumará, más o menos, 15 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 1 mil 265 pesos por contribuyente.

¿De dónde saldrá ese ahorro? De la desregulación, es decir, de la eliminación de trámites, con todo lo que los mismos implican, desde tiempo hasta dinero, que, al final de cuentas, salían sobrando, tal y como lo muestra su eliminación. Si fueran necesarios, ¿los hubieran eliminado? No lo creo.

Ahora bien, el hecho de que se hayan eliminado trámites innecesarios nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los trámites necesarios?, o, dicho de otra manera, ¿cuál debe ser el fin de la regulación?, pregunta de ninguna manera ociosa desde el momento en el que la regulación, en mayor o menor medida, pero siempre en alguna, atenta contra la libertad y la propiedad de la gente, imponiéndole algún límite al ejercicio de la primera, o al uso de la segunda, siendo que la tarea esencial del gobierno es reconocer, definir y garantizar ambas.

Si se ha de desregular, y si se ha de hacer en serio, los encargados de la eliminación de regulaciones deben tener la respuesta, ¡correcta!, a la pregunta por el fin de la regulación, por el objetivo de los trámites, por la justificación de limitar la libertad individual y la propiedad privada, ya que solamente a partir de esa respuesta se contará con un criterio claro para decidir qué regulación se queda, qué regulación se elimina, y qué regulación se agrega. Los encargados de la desregulación, ¿se han hecho la pregunta por el fin de la regulación? Y si se la han hecho, ¿han encontrado la respuesta correcta? Y si la han encontrado, ¿han actuado en consecuencia? Todavía no.