Por más que nuestras autoridades repitan una y otra vez que México es un país en el cual rige el estado de derecho, la realidad es que esto no es así. Y el problema va mucho más allá de la delincuencia organizada en la cual está centrada la atención del gobierno federal. Son varias las razones para poder afirmar que vivimos en un país en el cual es notoria la debilidad del estado de derecho, hecho que deriva en un menor nivel de desarrollo económico.

Para poder afirmar que en un país rige el estado de derecho, se requiere que se cumplan varias condiciones. Primero, los derechos privados de propiedad tienen que estar eficientemente definidos en el marco legal y estos incluyen tres derechos: a la posesión de bienes, a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente en contra de los derechos de terceros y a la transferencia libre y voluntaria de los bienes. Segundo, estos tres derechos tienen que estar protegidos por un poder judicial que sea independiente, imparcial, eficiente y expedito que garantice el cumplimiento de los contratos y que proteja a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulneren los derechos privados de propiedad. Tercero, el gobierno no puede violar la esfera privada sino es para hacer cumplir las leyes vigentes y por todos conocidas. Cuarto, todos los mercados deben operar en un contexto de competencia, lo que excluye la existencia de monopolios, gubernamentales o privados, amparados en el marco legal o protegidos por el gobierno. Y quinto, tiene que regir la igualdad de oportunidades de acceso a todos y cada uno de los mercados.

Dados estos cinco elementos, es claro que en México estamos muy lejos de que efectivamente rija el estado de derecho. En primer lugar, los derechos privados de propiedad, están ineficientemente definidos en el marco legal, particularmente en el artículo 27 constitucional, al considerar la propiedad privada como un derecho derivado de la propiedad originaria de la Nación (sic).

En segundo lugar, estos derechos son continuamente violados por actos de terceros, incluidos actos cometidos por el propio gobierno. Así, por ejemplo, la impunidad con la cual se cometen delitos del fuero común es pasmosa; 97% de los delitos no terminan en una condena. Y qué decir de la enorme incidencia de corrupción entre los funcionarios públicos, quienes al actuar como buscadores de rentas, se apropian para su beneficio particular de una parte de la riqueza de los individuos y de los ingresos generados por los proyectos de inversión, tanto gubernamental como privada.

En tercer lugar, el poder judicial no protege imparcial y eficientemente los derechos privados de propiedad ni garantiza el cumplimiento de los contratos. Al nivel de los poderes judiciales estatales estos, en la mayoría de los casos, no son independientes de los poderes ejecutivos correspondientes, lo que aunado a una alta incidencia de corrupción, derivan en que en sus juicios no haya imparcialidad.

En cuarto lugar, hay una significativa prevalencia de monopolios y prácticas monopólicas, tanto gubernamentales como privadas, todas ellas amparadas en un marco legal ineficiente que violenta la prohibición constitucional establecida en el artículo 28.

Y quinto, claramente no existe igualdad de oportunidad de acceso a los mercados, destacando el educativo, el laboral y el financiero.

Con estos elementos presentes, ¿podemos aspirar a llegar a ser un país desarrollado?