Pesos y contrapesos
Ago 19, 2010
Arturo Damm

Desregular, ¿Hasta dónde? (II)

La tala regulatoria ordenada por Calderón, ¿llegará hasta sus última consecuencias? No.

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Todo proceso de desburocratización debe darse en tres pasos: facilitación de trámites, eliminación de trámites y, consecuencia lógica de lo anterior, eliminación de burócratas, de tal manera que el beneficio resultante para los ciudadanos sea, no solamente menos y más fáciles trámites, sino menos impuestos, consecuencia de menos burócratas y, por ello, de una menos cuantiosa nómina gubernamental. Cualquier desburocratización debe darse, paso por paso, a lo largo de los tres pasos señalados. La tala regulatoria ordenada por Calderón, ¿se dará, paso por paso, a lo largo de los tres pasos?

Para llevar hasta sus últimas consecuencias la desburocratización, el encargado de la misma tiene que preguntarse, ¡y responder!, cuál debe ser el fin de las regulaciones, sobre todo tomando en cuenta, uno, que cada una de ellas limita la libertad individual y la propiedad privada de los agentes económicos y, dos, que la tarea del gobierno es reconocer, definir y garantizar la libertad y la propiedad de los gobernados, por lo que las regulaciones, sobre todo las que no se justifican, van en contra de su tarea esencial. ¿Cuál debe ser el fin de la regulación? ¿Qué justifica que el gobierno limite la libertad y propiedad de los agentes económicos?

El encargado de la desburocratización, si ha de responder a la pregunta por la justificación de la regulación, debe preguntarse lo siguiente: si la realización de los trámites fuera, para el ciudadano que debe realizarlos, gratuita, de tal manera que el gobierno no recaude ni un centavo por su imposición, ¿cuáles regulaciones deben imponerse de todas maneras?

Muchas de las regulaciones impuestas, sobre todo las que requieren de la realización de algún trámite y la obtención de algún permiso, y en concreto aquellas por las que el gobierno cobra, han sido impuestas con la intención de recaudar recursos entre los ciudadanos. Se trata, sin lugar a dudas, de un negocio redondo, de un negociazo en tres pasos. 1) Yo, gobernante, te obligo a ti, gobernado, a sacar un permiso sin el cual, bajo ciertas circunstancias, te metes en problemas conmigo. 2) Yo, gobernante, soy el único que lo expide. 3) Yo, gobernante, cobro por su expedición. ¿De qué se trata? De un negociazo, de un negocio redondo, tal y como es el caso, uno entre muchos, de la licencia de manejar (que, dicho sea de paso, sirve para muy poca cosa).

Cualquier regulación, trámite, permiso, licencia, etc., al que el gobierno obligue a los gobernados debe ser “gratuito”, financiado con los impuestos que ya se cobran (IVA, ISR, IETU, etc.), para que, en su imposición, no haya ninguna motivación recaudatoria. Esa “gratuidad” es lo justo, y solamente ella garantiza, hasta donde tal garantía resulta humanamente posible, que solamente se impongan las licencias, permisos, trámites y regulaciones que realmente sean necesarios para garantizar la convivencia civilizada entre los seres humanos, cuya esencia (de la convivencia) es el respeto a los derechos de los demás.

Vistas así las cosas, la tala regulatoria ordenada por Calderón, ¿llegará hasta sus última consecuencias? No.



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