Fue una licitación con destinatario predeterminado. Las reglas se establecieron de forma tal que un solo grupo pudiera participar. Además, en el Congreso se le otorgó a ese grupo una exención en el pago de derechos que sólo a él beneficia.

Cuando dos jueces otorgaron medidas cautelares para evitar que se llevara a cabo la licitación, la autoridad se escondió para no recibir las notificaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmaba no haber recibido aviso mientras sus guardias negaban el acceso de los actuarios a sus instalaciones y decían que, ahí, nadie sabía dónde estaba la SCT. Todo esto tenía el propósito de lograr que concluyera la licitación 21 y se asignara la frecuencia de 1.7 gigahercios al destinatario designado.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, que tiene la obligación legal de ofrecer una recomendación en estas licitaciones, a pesar de que ésta no es vinculante, tuvo muchos problemas para reunirse y decidir sobre el tema. En varias convocatorias sucesivas, dos de los cinco comisionados no se presentaron. Finalmente el lunes 16 de agosto se llevó a cabo la sesión del pleno con la ausencia de un comisionado, quien había señalado previamente que estaba en desacuerdo con todo el proceso. De los que participaron hubo una abstención, un voto en contra y dos votos a favor. Así, la recomendación para la licitación 21 está avalada por una “mayoría” de dos de los cinco comisionados de Cofetel. Las presiones que se ejercieron sobre los comisionados para aprobar esta licitación parecen haber sido enormes.

Una vez hecha la recomendación, el asunto fue turnado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la resolución final. Después de hacer esto la Cofetel anunció que había recibido la notificación de las medidas cautelares, pero señaló que el asunto ya no estaba en sus manos. La SCT, mientras tanto, ha dicho que ha sido indebidamente notificada. No parece haber duda que al final la resolución será la de entregar la frecuencia al grupo que desde un principio se había designado como beneficiario.

Es verdad que así se han manejado siempre las concesiones del espectro radioeléctrico de nuestro país. Éstas se han entregado desde un principio a los grupos que garantizaban lealtad o respaldos políticos. Sin embargo, se nos dijo que con el cambio del partido en el poder y con las nuevas reglas del juego en la entrega de frecuencias esos vicios habían quedado superados. Quizá habrá que esperar un poco más.

Por lo pronto el grupo ganador se ha apresurado a pagar el monto de 180 millones de pesos que ofreció, apenas una fracción de lo que tendrán que cubrir los grupos que licitaron por frecuencias en las que sí hubo competencia. Muchos comentaristas se refieren a esta entrega como una “ganga”. El diputado panista Javier Corral usa un término más fuerte: un “robo”.