A la hora de promulgar leyes hay que considerar, no la intención del legislador (como si bastara que el legislador quiera algo para que ese algo se cumpla, por ejemplo: que no se realicen transacciones en efectivo por arriba de una determinada cantidad de dinero), sino las consecuencias de esa ley, comenzando por los incentivos que genera entre aquellos cuyo comportamiento pretende regular, incentivos que pueden motivar conductas contrarias a las buscadas por la ley (como si, ¡va de nuevo!, bastara que el legislador quiera algo para que ese algo se cumpla, por ejemplo: que no se utilice efectivo, por arriba de cierto monto, en determinadas transacciones comerciales).

Lo anterior quiere decir que, para que una ley se respete, la misma debe ser respetable, para lo cual se requiere, desde el punto de vista práctico, que la autoridad tenga la posibilidad de detectar su violación y sancionar al violador, no una, dos o tres veces, sino en la gran mayoría de las ocasiones en las que se viole la ley. (En este sentido, la ley que prohíbe hablar por teléfono celular al tiempo que se conduce un automóvil, ¿es respetable? ¿En cuántas de las ocasiones en las que dicha regla no se cumple la autoridad detecta la violación y castiga al violador?)

Desde el punto de vista ético, yendo más allá del aspecto meramente práctico del asunto, para que una ley, siendo prácticamente respetable, se respete, se requiere que la misma no viole algún derecho del ser humano o, dicho de otra manera, que no sea una ley injusta que, de manera arbitraria, limite o elimine la libertad individual y la propiedad privada. La ley justa se limita a prohibir las acciones delictivas por su propia naturaleza, siendo tales las que violan derechos de terceros: matar, esclavizar, mutilar, robar, etc. (En este sentido, la ley que prohíbe hablar por teléfono celular al tiempo que se conduce un automóvil, ¿es respetable? Hablar por teléfono, aún en el caso de que se vaya manejando, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza?)

Sirva lo anterior como introducción para un primer análisis de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, misma que es, desde el punto de vista ético, un abuso del poder gubernamental y, desde el práctico, una idiotez de su parte, sobre todo en lo referente a la restricción en las operaciones con dinero en efectivo, por la cual, y cito del texto original, “se prohíbe (¡vaya cara dura!), el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos; transmisión de títulos accionarios...”, de tal manera que “las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años, y con multa de mil a cinco mil días (supongo que de salario mínimo, el texto no lo dice).”

¿De qué se trata? De abuso, de idiotez.

Continuará.

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