No es baladí el escándalo que ha rodeado el juicio por difamación de Kamel Nacif en contra de Lydia Cacho. Muchos elementos fundamentales para la construcción de un país moderno están ahí presentes. Uno tiene que ver con los alcances y los límites del delito de difamación. Otro, con el uso de los procesos penales y las procuradurías para promover los intereses personales de los gobernantes y sus amigos. Uno más concierne al creciente uso del espionaje telefónico en la vida política de nuestro país. Y uno adicional, y muy importante, es el de los abusos sexuales, la pornografía y la prostitución de menores.

Vale la pena leer el libro Los demonios del edén que fue el inicio de todo este conflicto. Muchos lectores me han escrito para decir que es muy común que los periodistas difamen a los personajes públicos al presentar información que afecta su fama pública. Pero las afirmaciones en el libro no proceden de la periodista Lydia Cacho sino de las declaraciones ministeriales de las víctimas del pederasta Jean Succar Kuri.

Es verdad que la legislación en nuestro país establece que uno puede ser responsable de difamación con un escrito falso o verdadero. Pero si permitimos que incluso la transcripción de declaraciones ministeriales sea vedada por las leyes de difamación, estaremos impidiendo el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Buenas o malas, las leyes existen. Y Kamel Nacif tenía todo el derecho a usarlas para demandar a Lydia Cacho. Lo que no podía era recurrir al gobernador Mario Marín para darle a su demanda un trato especial. Y mucho menos para generar uno de esos “sabadazos” con el que las autoridades buscan amedrentar a los ciudadanos. Y eso parece haber sido el caso de Lydia Cacho, cuando fue detenida en Cancún y llevada a Puebla.

La periodista no es la única víctima de este tipo de acciones judiciales. Una de las formas en que usualmente se busca “castigar” a una persona en cualquier diferencia con otra es iniciar una acción penal en su contra, “obtener” o comprar el apoyo de agentes judiciales y privarla de su libertad aunque sólo sea un fin de semana. El escándalo generado en torno a la aprehensión de Lydia Cacho nos sirve para reflexionar sobre esta situación.

El caso de Lydia Cacho seguramente se habría desvanecido de no ser por la difusión de una serie de grabaciones de llamadas telefónicas de Kamel Nacif. Estas grabaciones son las que permitieron constatar que, efectivamente, hubo una conspiración para darle un “coscorrón” a la periodista. La intercepción de llamadas telefónicas está prohibida por la ley, por supuesto, pero la ilegalidad de las grabaciones no elimina la gravedad de los hechos que revelan.

Que no se nos olvide, por último, que este caso que se ha vuelto político comenzó por una investigación en torno a los abusos sexuales de Jean Succar Kuri contra niñas. Es este caso el que documenta el libro Los demonios del edén que llevó a la denuncia por difamación en contra de Lydia Cacho. Y el punto aquí es que Succar, quien se encuentra en una cárcel de Arizona en espera de una posible extradición, no ha podido ser juzgado todavía en México.

El caso de Lydia Cacho ha despertado muchos demonios, no sólo en el edén de Cancún sino en todo el país. Hay quienes se inquietan por todo el escándalo, pero otros sienten –yo entre ellos-- que la atención que los mexicanos le han prestado permitirá avanzar en campos tan distintos como la depuración de las leyes sobre difamación y el combate a los abusos sexuales a menores en nuestro país.