No hay duda de que desenlace del “michoacanazo” ha irritado al procurador de la república, Arturo Chávez Chávez, y al propio presidente de la república. Treinta y cinco funcionarios y ex funcionarios de Michoacán fueron detenidos en mayo de 2009 por supuestos vínculos con el narcotráfico, permanecieron en la cárcel más de un año, sólo para ser liberados gradualmente por los tribunales por falta de pruebas.

El procurador no es un funcionario que guste salir a los medios. El jueves 30 de septiembre, sin embargo, ofreció una conferencia de prensa para cuestionar el fallo del juez primero de distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, por haber liberado a los acusados de ese operativo. El procurador, de hecho, señaló que ha promovido una queja sobre el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que dos días antes la Judicatura había emitido un inusual comunicado de prensa en el que señalaba que la institución consideraba que las resoluciones del juez estaban bien motivadas y fundadas.

El propio presidente Felipe Calderón entró al quite el 30 de septiembre en una incómoda gira al estado de Michoacán. En su discurso el gobernador Leonel Godoy citó a José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.” Todos los presentes se percataron de la alusión al michoacanazo. En una entrevista radiofónica posterior, el presidente cuestionó el fallo del juez y afirmó que éste no había tomado en cuenta una serie de pruebas contundentes presentadas por la PGR.

La presión en contra de la Judicatura busca no sólo que se sancione al juez Cázares López sino que otros jueces y magistrados puedan sentirse inhibidos al considerar casos presentados por la PGR. Quizá por eso la Judicatura se adelantó y presentó desde un principio su comunicado señalando la corrección jurídica del fallo del juez Cázares López.

Si bien a los ciudadanos comunes y corrientes no se nos permite el acceso a los expedientes, sabemos que en buena medida los casos en contra de los implicados en el michoacanazo se basaron en lo que las autoridades llaman testigos protegidos, que no son otra cosa más que testigos a los que se les paga o se les otorga algún tipo de beneficio legal para que declaren lo que la autoridad quiera. Estos testigos han aportado tradicionalmente débiles o fantasiosos testimonios ya que su principal interés es conseguir los beneficios que les ofrece la autoridad.

Me parece que la ira del presidente y del procurador está mal enfocada. El problema no es el juez que ha decretado la libertad de los implicados en el michoacanazo. El tropezón es producto del uso de los testigos protegidos en lugar de técnicas de investigación y de inteligencia que permitan a la autoridad detener a los verdaderos responsables de crímenes.