La ley dice que la Cámara de Diputados debería escoger a los tres nuevos consejeros del IFE en este mes de octubre. Pero los legisladores optaron por irse de puente sin concluir este mandato. La decisión no viola la ley, dicen, ya que la sesión del 28 de octubre simplemente se suspendió, no se concluyó. En otras palabras, cuando los diputados finalmente voten por los nuevos consejeros, lo cual quizá ocurrirá el 3 de noviembre, será todavía formalmente la sesión del 28 de octubre.

Así de flexibles son los diputados en la aplicación de las leyes que ellos mismos aprueban. Con razón en nuestro país nadie piensa que tiene obligación de respetar las leyes.

Los vicios de origen de la designación de los consejeros, por otra parte, no se han acabado, por otra parte. Los diputados siguen escogiendo a los consejeros sobre la base de una negociación que tiene que ver con la cercanía de cada candidato a sus partidos y no con la capacidad o garantía de imparcialidad. Por ello no debe sorprendernos que así como tenemos diputados del PRI, del PAN o del PRD, tenemos también consejeros del IFE de cada uno de los principales partidos.

Los aspirantes, por otra parte, parecen más interesados en conseguir un puesto muy bien pagado que en buscar un perfeccionamiento de las instituciones electorales de nuestro país. El ingreso oficial de un consejero del IFE puede llegar a 246 mil pesos al mes. No es un monto despreciable en un campo, el de la ciencia política, en el que el desempleo es generalizado y las opciones laborales usualmente se limitan a la enseñanza con sueldos muy reducidos.

Quizá lo peor de todo es que no importa realmente la calidad de los consejeros. El problema real de nuestro sistema electoral radica en la ley. Ésta es la que ha convertido al Instituto Federal Electoral, a los 20 años de su fundación, en una institución de censura en lugar de promotora de la democracia.

Es la ley la que prohíbe a los ciudadanos contratar tiempos de radio o televisión para expresar sus puntos de vista políticos, la que censura a los candidatos o partidos que cuestionan a sus rivales, la que otorga decenas de miles de millones de pesos del erario a los partidos y al IFE, la que prohíbe a los ciudadanos que no son postulados por un partido el aspirar a un cargo de elección popular.

Los partidos políticos han creado este perverso sistema porque los favorece, porque les da dinero –mucho dinero—y un monopolio de acceso a los cargos de poder. No podemos esperar que los partidos tomen medidas que eliminen sus propios privilegios. Pero los políticos no pueden esperar que disminuya ese desprecio que la población les tiene si no hacen algo por cambiar este sistema.

Por lo pronto, sin embargo, los diputados continúan con el proceso que han creado. Se aprestan así a seleccionar a quienes en el IFE ganarán un cuarto de millón de pesos al mes para proteger los intereses de sus partidos. Y poco les importa que al hacerlo estén violando las leyes que ellos mismos han creado.