No sorprende que los gobiernos del mundo, incluyendo los de Estados Unidos y México, se hayan unido para combatir la difusión de filtraciones de documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal de internet Wikileaks. La capacidad de operación de los gobiernos se ve notablemente disminuida si las opiniones y reportes confidenciales de los funcionarios y diplomáticos se divulgan. Por eso el gobierno de la Unión Americana ha protestado de forma tan vigorosa por la filtración de más de 251 mil documentos diplomáticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país ha cuestionado también las filtraciones, las cuales ha considerado dan información inexacta y fuera de contexto.

Los ciudadanos, sin embargo, tenemos derecho a saber qué dicen y hacen los funcionarios. Éstos trabajan para los ciudadanos y podríamos suponer que no tienen derecho a ocultar a sus patrones lo que hacen.

Los gobiernos del mundo han unido fuerzas para tratar de acallar a Wikileaks y a su fundador, Julian Assange. El portal ha sido removido de los servidores que lo ofrecían al público. Se le ha privado de su nombre de dominio. En el momento de escribir este artículo el sitio ha reaparecido en un servidor de Suiza, pero hay que conocer el código numérico para encontrarlo. Los buscadores convencionales no llevan a él.

Por otra parte, la Interpol, la policía internacional, ha emitido una “notificación roja” que obligaría a cualquier policía en el mundo a detener a Assange. Las autoridades suecas lo acusan de una violación supuestamente ocurrida en agosto de 2010. Assange afirma que la acusación es falsa, que las relaciones que tuvo con la mujer involucrada fueron consensuales, y que con esto sólo se busca desprestigiarlo.

Los más de 251 mil documentos diplomáticos no sólo se han colocado en el portal. También han sido entregados a varios periódicos del mundo, que han publicado numerosos fragmentos. Por ellos nos hemos enterado de muchos chismes, como el que los funcionarios estadounidenses preguntaron acerca de la salud mental de la presidenta Cristina Fernández o que el presidente Felipe Calderón preguntó acerca de la supuesta financiación de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Pero hay también información importante, como la que señala que la Audiencia Nacional de España se comprometió con diplomáticos estadounidenses a evitar que los tribunales españoles presentaran acusaciones en contra de unos militares estadounidenses que habían asesinado en Iraq a un camarógrafo español.

En un chat con Assange en el periódico británico The Guardian, un participante cuestionaba la divulgación de estos documentos. Decía que él había participado en distintas negociaciones de paz y que nunca habría podido concluir exitosamente su labor de haber corrido el riesgo de que sus acuerdos se divulgaran públicamente.

Sin duda la publicación de este tipo de información puede tener este efecto negativo. Pero es injusto también que se impida a la población de un país enterarse de conversaciones entre funcionarios en las que se acuerda, como en el caso del camarógrafo español, no aplicar la ley a quienes han cometido el asesinato de una persona.