VIERNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2010
Tortilla y prácticas monopólicas (II)

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“Cuando las agrupaciones de productores tienen como fin promover los intereses pecuniarios de sus agremiados terminan perjudicando a los consumidores, perjuicio que debe prohibirse, prohibición que es la razón de ser de la Ley Federal de Competencia Económica y de su comisión.”


En México los tortilleros están agrupados en la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías (UNIMTAC), que les sirve para fijar el precio de la tortilla como si fueran monopolio, incurriendo en una práctica monopólica, que viola la Constitución Política de los Estados Unidos, en cuyo artículo 28 se dice que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios (y) las prácticas monopólicas…”, siendo tales los acuerdos entre productores para no competir vía precio, razón por la cual la Comisión Federal de Competencia ha dicho, en voz de su titular Eduardo Pérez Mota, que muy probablemente detrás de la intención para aumentar el precio de la tortilla exista colusión entre tortilleros, misma que está clara desde el momento en el cual fue Lorenzo Mejía Morales, presidente de la UNIMTAC, quien anunció la intención de incrementar el precio de la tortilla en todas las tortillerías del país, muestra de que, al menos en la materia, los tortilleros sí llevan a cabo prácticas monopólicas, en contra del bienestar de los consumidores, violando la Constitución.

El problema de fondo no es la libertad que tienen los productores (por ejemplo: los tortilleros), para congregarse en cámaras, uniones y demás agrupaciones (por ejemplo: la UNIMTAC), sino el libertinaje para, así agrupados, coludirse en contra de los consumidores, es decir, para establecer pactos ilícitos (por ejemplo: no competir vía precio) en perjuicio de terceros (por ejemplo: los consumidores de tortillas). El problema no está en la agrupación, sino en el uso que los agrupados le dan a la misma, sin olvidar lo dicho por Adam Smith: rara vez se reúnen personas dedicadas en la misma profesión sin que al final de cuentas surja alguna conspiración para aumentar los precios y, agrego yo, algún acuerdo para no competir vía los mismos. Dicho de otra manera: rara vez se reúnen personas dedicadas en la misma profesión sin que, tarde o temprano, y siempre más temprano que tarde, se acuerden entre ellas prácticas monopólicas, esas que, en México, según el artículo 28 constitucional, están prohibidas.

¿Quiere decir lo anterior que, por ley, deberían prohibirse las agrupaciones de productores? No, claro que no, pero sí debe tenerse claro que su objetivo debe ser garantizar derechos (por ejemplo: a la libertad para emprender) y no promover intereses, mucho menos pecuniarios (por ejemplo: cobrar el mayor precio posible), intereses pecuniarios que se promueven con las prácticas monopólicas, que van desde impedir una mayor competencia hasta imponer el mismo precio a todos los “competidores”.

Cuando las agrupaciones de productores tienen como fin promover los intereses pecuniarios de sus agremiados terminan perjudicando a los consumidores, perjuicio que debe prohibirse, prohibición que es la razón de ser de la Ley Federal de Competencia Económica y de su comisión. ¿Cómo saber si dichas agrupaciones atentan contra el bienestar de los consumidores? Cuando su vocero anuncia, por ejemplo, el mismo aumento de precio, en todos los comercios, de todos los agremiados, eliminando, con relación al precio, la libertad de elección de los consumidores, arbitrariedad grave.

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