En esta ocasión la cifra oficial fue bastante peor que las estimaciones que habían hecho los medios de comunicación. Los conteos realizados de forma privada señalaban que en 2010 se habían registrado entre 11,500 y 12 mil ejecuciones.

Alejandro Poiré, vocero del gobierno federal en materia de seguridad pública, dio a conocer, sin embargo, una cifra mucho más elevada en la reunión de los Diálogos para la Seguridad del 12 de enero. La cifra que reveló fue de 15,273 homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado tan solo en 2010. El total del sexenio, según este mismo funcionario, alcanzó las 34,612 muertes.

Estas cifras rebasan cualquier parámetro razonable. El número de muertes que se registran en muchos países que supuestamente están en guerra son muy inferiores. De hecho, podemos hablar de que México se encuentra involucrado formalmente en un conflicto civil.

El número de muertes se ha casi duplicado en el último año y se ha quintuplicado desde el inicio del actual gobierno. De nada ha servido que en la presente administración se haya duplicado el dinero que el gobierno invierte en temas de seguridad.

No podemos decir que todas estas muertes son directamente producto de la guerra del gobierno contra el narcotráfico. Hay muchas razones que están llevando a los criminales a ejecutar a sus rivales o a gente inocente. Sin embargo, la mayor parte de la violencia del crimen organizado parece estar relacionada con los cárteles de la droga y en particular con los distintos grupos que se pelean el control de los territorios y las rutas de exportación en nuestro país.

Lo curioso del caso es que esta enorme mortandad se está registrando como parte de un esfuerzo por detener el tráfico de unos productos, el 80 por ciento de los cuales es marihuana, que producen una mortandad mucho menor. De hecho, ni en México ni en Estados Unidos se ha registrado una sola muerte por consumo de marihuana. Al parecer el gobierno de México, en parte por presión de las autoridades estadounidenses, ha optado por una solución que resulta mucho más dañina que el problema original.

La solución no radica en desmantelar las acciones contra el narcotráfico o contra el crimen organizado del gobierno mexicano. Pero se trata de reenfocarlas.

Por una parte, en el caso de las drogas, cuyo consumo ha seguido aumentando en Estados Unidos y en México, el esfuerzo debe enfocarse a programas educativos en vez de policiales. Ya hemos visto que la gente no va a dejar de usar drogas por la amenaza de que se le meterá en la cárcel. Lo que tiene que hacer la autoridad es utilizar los recursos que hoy emplea en una actividad policial que ha resultado ineficaz para mejorar los programas de educación que convenzan a los jóvenes de no utilizar drogas.

El esfuerzo de policía debe concentrarse, mientras tanto, en combatir los delitos con víctima, que son los que realmente agravian a la sociedad. Entre estos se cuentan, por supuesto, los homicidios dolosos, pero también los secuestros que se han vuelto cada vez más frecuentes en nuestro país.

A lo que no podemos cerrar los ojos es a la gravedad de una situación en la que se registran más de 15 mil ejecuciones en un solo año o 34 mil en apenas cuatro años de un gobierno.