Hace unos días el presidente de los EU, Barak Obama, ofreció su segundo informe de gobierno y, a pesar del mensaje recibido por sus votantes el pasado mes de Noviembre, afirmó su intención de continuar el asalto del estado invadiendo todos los campos de la vida nacional en flagrante atropello a los principios liberales que le dieran vida al país.

A los pocos días el pueblo de Túnez derrocaba a su dictador y Egipto se ha contagiado presagiando una ola de levantamientos en el mundo árabe en contra de sus eternos tiranos. Hay dos posibles avenidas: El medio oriente se convierte en una réplica de Japón, Corea o Taiwán, o, la repetición de la Unión Soviética controlada por los Ayatolas de Irán. El péndulo de la libertad oscila de nuevo cuando México marcha a su elección presidencial.

Desde los pronunciamientos de la carta magna, las revoluciones más importantes de la historia como la americana, la francesa, la rusa, la mexicana, hasta remontarnos a la publicación de La Rebelión de las Masas de Ortega y Gasett y La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, encontramos un común denominador; la rebelión de los pueblos ante gobiernos opresores.

A diez años de la expulsión de la dictadura perfecta, es hora de finalmente tomar el poder que el estado le arrebató a la sociedad civil y ha tenido secuestrado durante los primeros doscientos años de vida republicana. Es hora de que los mexicanos establezcamos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno constitucional, legal y moral.

Hace más de dos siglos Thomas Paine escribió: “El gobierno, aun en su mejor forma, no deja de ser un mal necesario y, en su peor forma, algo realmente intolerable.” Paine, al igual que otros pensadores de su época entendía que la esencia del gobierno es la coerción. Sin embargo, necesitamos el gobierno y sus coercitivos poderes para proteger nuestros derechos naturales a la vida, libertad, y propiedad. La protección de esos derechos es la función moral y legitima del gobierno en una sociedad libre. Pero como Jefferson advirtió: “El progreso natural de las cosas es el que los gobiernos se agiganten mientras la libertad de sus ciudadanos se desvanece.”

Jefferson tenía razón. Hoy día el trabajador mexicano común paga cerca del 40% de sus ingresos a los gobiernos federales, estatales y municipales. Siempre ha sido obligado a pertenecer a sindicatos controlados por el gobierno, votar por el partido que lo controla. Las empresas, entre impuestos, seguro social, infonavit, reparto de utilidades, mordidas, no les queda remanente para seguir operando y expandirse. Además, hay muy pocas cosas que una persona puede hacer y no estén reguladas por algún acuerdo gubernamental, sea al iniciar una nueva empresa, manejar un automóvil, importar, exportar, contratar los servicios de un jardinero y muchas otras actividades diarias que solían ser consideradas privadas y personales.

Es muy fácil culpar a los políticos por el crecimiento de nuestro opresivo gobierno. No hay duda que merecen parte de la culpa por no haber sido estadistas, por no haber respetado nuestra constitución y, sobre todo, por haber sido deshonestos y corruptos. Sin embargo, la mayor parte de esa culpa debe recaer en todos los mexicanos. Los políticos tienden a ejecutar lo que nosotros, a través de elegirlos, les pedimos y exigimos. Elegimos políticos cuando nos han prometido expropiar lo que pertenece a algunos mexicanos para dárselo a otros. Los elegimos también para otorgar privilegios a ciertos ciudadanos que se les niegan a otros. 

Los programas de asistencia social son un buen ejemplo. El gobierno, a través de pretorianos impuestos, arrebata el fruto del trabajo de muchos ciudadanos para transferirlos a otros. Pero hay otros ejemplos: los subsidios a diferentes actividades económicas y empresariales, apoyos especiales para el campo que tanto gritan nuestros “luchadores sociales,” los rescates de los bancos cuando por su ineptitud van a la bancarrota, los rescates de los ahorradores estafados por léperos profesionales, los borrones y cuentas nuevas de las deudas de los ejidatarios de la época de Echeverría etc, etc. Está comprobado que más de la mitad del presupuesto federal tradicionalmente es aplicado a este tipo de programas que llenan las características del robo legalizado.

Después tenemos los privilegios especiales: El gobierno le dice a un agricultor de Sonora que puede sembrar trigo, pero a otros no se los permite. A unos les da agua y a otros no. Hay una serie de actividades que están exentas de impuestos, pero no todas. Le dice a un grupo de mexicanos que deberán recibir cheques de Procampo, por el motivo que ellos inventaron, pero el resto de los mexicanos serán discriminados al quedar fuera del programa. El gobierno decide que un determinado grupo de industrias sean agraciadas para recibir préstamos subsidiados, dejando al resto de las actividades productivas a merced de los “agiotistas modernos.” A los habitantes del DF se les subsidia el metro, a los de Monterrey no.

Uno de los elementos más utilizados por los gobiernos como elemento de control, son las regulaciones. La vida de los mexicanos se ha regulado tanto que ha convertido al país en el pozo de corrupción más hondo del universo.

Hace unos meses el viajar en automóvil de Tucson a Culiacán me hizo lidiar con cinco aduanas, ocho retenes de la Policía Judicial Federal, siete casetas de cobro de carretera, tres retenes de la Policía de Caminos, cuatro retenes del ejército mexicano. Me obligó a obtener un permiso de importación temporal para mi automóvil presentando ocho diferentes documentos a tres diferentes agencia federales, y hacer “cola” junto otros más de cien mexicanos durante tres horas.

Un candidato al congreso que hiciera su lema de campaña el votar para que se autoricen los gastos solamente implícitos en la constitución, estaría firmando un suicidio político. Los mexicanos tradicionalmente hemos elegido a esa clase de irresponsables y demagogos que son inconscientes de las consecuencias de sus brillantes ideas a largo plazo y, al estar tan “preocupados” por los pobres, no les importa confeccionar presupuestos suicidas sin darse cuenta que simplemente están generalizando la pobreza.

Es por eso que al tratar de restablecer un gobierno moral y constitucional, no deberíamos de perder el tiempo tratando de cambiar las mentes de los políticos. Debemos de tratar de cambiar las mentes y los corazones de los mexicanos. Tenemos que convencer a todos los mexicanos que su sagrado deber es edificar un gobierno moral y constitucional que proteja nuestros derechos inalienables de vida, libertad y propiedad. Un buen gobierno que gobierne menos.

Tenemos que convencer a los mexicanos que ha llegado la hora de nuestra independencia, pero de nuestra independencia individual.