En el artículo de la semana pasada señalé que la ventaja comparativa de los impuestos es recaudar y que si se le asigna otro objetivo al sistema tributario, como por ejemplo redistribuir el ingreso, se pierde eficiencia recaudatoria. De ahí establecí la posibilidad de hacer una reforma tributaria que consistiera de tres elementos: homogeneizar y generalizar el IVA, establecer un ISR proporcional a las personas físicas y adoptar íntegramente el IETU derogando simultáneamente el ISR a las personas morales. Además, propuse que para estos tres impuestos se estableciera la misma tasa, 20%, lo que simplificaría la administración tributaria para los contribuyentes y la fiscalización para el gobierno, además de fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno federal y, de mayor importancia, alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de crecimiento económico.

La siguiente pregunta, como parte integral de una profunda reforma fiscal, es a qué fines se tendrían que destinar los ingresos tributarios. ¿Para qué recaudar?; ¿cuáles son las actividades que efectivamente le competen al gobierno? Y la respuesta es que en realidad no son muchas pero el gobierno mexicano ha asumido para sí labores que efectivamente no le competen, lo que se traduce en una asignación muy ineficiente de los recursos públicos que el gobierno gasta y que además, en algunos casos, resultan en una destrucción de parte de la riqueza nacional.

Sin duda, la principal función del gobierno, como oferente de bienes públicos,  es definir eficientemente en el marco legal los derechos privados de propiedad y, a través de los organismos de procuración y administración de justicia, garantizar y proteger estos derechos; es decir, la principal función del gobierno es proveer a los ciudadanos de seguridad pública. ¿Cumple el gobierno, en sus tres ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) y en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) con esta función, la que la da la razón de ser? Claramente no; de entrada los derechos privados de propiedad están ineficientemente definidos en el marco legal, en particular en el artículo 27 de la Constitución y, por otra parte, si nos atenemos a la labor de procuración y administración de justicia, un índice de impunidad de más de 95% en los delitos del fuero común, es claro que el gobierno está fallando. Que el gobierno no cumpla eficientemente su labor de garantizar y proteger los derechos privados de propiedad, que no garantice el cumplimiento de contratos, tiene un enorme costo. ¿Cuánto mayor sería el PIB, cuánto más alta sería la tasa de crecimiento económico si el gobierno cumpliera eficientemente con su razón de existir?

Además de ofrecer otros bienes públicos, es papel del gobierno garantizar igualdad de oportunidades de acceso a mercados competitivos, sean de bienes, servicios o factores de la producción, incluyendo obviamente el mercado educativo y el de salud. ¿Cumple aquí su labor? Nuevamente no. Vivimos en una economía en donde abundan enormes barreras de entrada a los mercados, en donde predominan significativas prácticas monopólicas gubernamentales y privadas, una en donde las prácticas sindicales amparadas en una legislación laboral obsoleta e ineficiente impiden un funcionamiento competitivo y eficiente del mercado de trabajo, uno en donde el 92% de los niños cursando educación primaria están condenados a recibir una educación de muy mala calidad, sucediendo lo mismo en la provisión de servicios de salud.

Seguimos la próxima semana. Pero dada la ineficiencia gubernamental, tal vez  una tasa impositiva de 20% es demasiado elevada.