Permítaseme una analogía para ilustrar el punto, a pesar de lo imperfecto de toda analogía.

El diagnóstico del médico no deja lugar a dudas: el paciente padece cáncer de pulmón. Si hubiera dejado el hábito, si al menos no hubiera fumado con la asiduidad con que lo hacía, el resultado habría sido otro. Pero el hubiera no es lo que importa ahora, sino contener el mal y, de ser posible, lograr su remisión.

Para ello el médico no puede recetar la abstinencia. Eso habría servido antes, para prevenir. Lo indicado ahora es la terapia, con químicos, radiación o con ambos.

Y por supuesto: la terapia no excluye tampoco la abstinencia, entre otras razones para evitar el surgimiento de nuevos focos de carcinoma.

Algo similar ocurre con las drogas, su prohibición y el nivel de violencia a que el crimen organizado ha llevado al país.

Las drogas ilícitas jamás debieron serlo, antes que por cualquier consideración práctica o de eficiencia social, por una razón de principios: cada individuo es libre de hacer con su ser lo que le plazca, mientras no viole los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad de los demás. Y una de las prerrogativas del individuo es la que consumir lo que elija, aún si ello puede perjudicarle.

Pero la razón de principios no excluye las consideraciones prácticas. La prohibición de las drogas también es equivocada porque lejos de conseguir los fines que se propone (inhibir o impedir la adicción), crea problemas adicionales: violencia por la disputa del mercado negro, corrupción de autoridades públicas, agravamiento de la miseria de los adictos.

Prevenir no es remediar

Pero el sostener que la prohibición de las drogas jamás debió haber existido y que debe levantarse cuanto antes, no equivale a decir que esa medida pondrá fin a la violencia asociada al narcotráfico ilegal o más propiamente dicho asociada al crimen organizado, pues ello es falso.

Entre partidarios, liberales o no, de la despenalización de la producción, compra-venta y consumo de drogas, existe una imagen cándida sobre lo ocurrirá en el día uno del levantamiento de la prohibición en México: que al proliferar las narco-tienditas (o tiendotas) legales cesará la matanza como por arte de magia. Así  sucedió cuando en Estados Unidos se levantó la prohibición del alcohol ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo en México?

Pero si hoy se diera la despenalización no cesaría la violencia, de la misma manera que el dejar de fumar no cura al enfermo de cáncer de pulmón. Quizás hace 10 o más años el levantamiento de la prohibición nos habría ahorrado el baño de sangre en curso, pero ya no ahora.

El mal que afecta a México es mucho más grave que el que afectó a Estados Unidos entre 1920 y 1933. Y es así porque la virulencia con que la enfermedad se presenta no obedece exclusivamente a la prohibición sino principalmente a la debilidad del estado de derecho, que su vez responde a la extrema corrupción de la clase política y de la burocracia del sistema de justicia penal.

Para comprender el alcance del padecimiento que aqueja a México, debe considerarse que la prohibición de las drogas no implica inexorablemente caer en crisis como la de Colombia en los años ochenta y noventa, ni como la actual en nuestro país.

Estados Unidos sigue siendo en general el mercado más importante del narcotráfico (y digo en general porque, por ejemplo, Irán tiene comparativamente muchos adictos a la heroína que nuestro vecino o España e Inglaterra tienen más respecto a la cocaína). Sin embargo, en Estados Unidos no hay ni remotamente el nivel de violencia de México y tampoco lo tiene Europa, pese al crecimiento acelerado del consumo en la última década.

Incluso Colombia, que sigue siendo la principal nación productora de cocaína, ha tenido notables progresos en la reducción de la violencia en los últimos 9 años.

No es sólo la prohibición, sino la debilidad del estado de derecho

De modo que si la enfermedad no es tan claramente atribuible a la prohibición, ¿entonces a qué?

Para responder a la pregunta es necesario contraponer a la imagen cándida e improbable sobre el día uno del levantamiento de la prohibición, la imagen cruda de lo más probable.

Pues bien, en el día uno del levantamiento de la prohibición lo que ocurrirá es que ni las narco-tienditas ilegales se volverán negocios formales, ni tampoco se formalizarán las grandes operaciones de producción, importación y exportación al mayoreo y si algunos temerarios se atrevan a incursionan en el recién legalizado comercio de las drogas y a crear nuevos narco-negocios, antes de que empiece un nuevo día los veremos arder en llamas, sí, tanto a los changarros como a sus dueños dentro.

Además, ni que decir que para las organizaciones criminales no cesará la fiesta de las masacres, la extorsión contra los propietarios de negocios que siempre han sido lícitos, el tráfico y trata de personas, el secuestro, el hurto de combustible a escala masiva, el atraco al transporte de carga o el robo de vehículos.

Y todo sería así porque el negocio las organizaciones criminales no es el contrabando de drogas ilegales, sino la violencia. Los capos han comprendido que no tienen porqué limitarse a sacar provecho de millones de adictos de afuera o adentro del país mediante la violencia, cuando gracias a la misma pueden someter a la esclavitud a la totalidad de los habitantes de una nación.

Por tanto, la ola de violencia no responde exclusivamente a la disputa por el mercado de las drogas ilícitas y menos aún a una supuesta lucha épica del Estado contra el narcotráfico (lucha que en realidad es tan ineficaz y tan ineficiente como siempre). Lo que de veras ocurre es que los grupos criminales le están disputando al Estado los monopolios que lo distinguen del resto del cuerpo social: el de la violencia, el de las exacciones y el de imponer castigos a quienes violen las prohibición a incursionar en las dos primeras actividades.

El balance de esta disputa no ha sido favorable para el Estado ni para la sociedad. Los grupos criminales siguen avanzado día tras día, sin que –en general- haya fuerza capaz de detenerlos. Una creciente porción de la sociedad mexicana sufre lo peor de los dos mundos (del mundo del Estado y el de la anarquía y el crimen). Cada vez más personas deben continuar pagando impuestos sin siquiera recibir la mínima contraprestación de la seguridad pública y lejos de ello deben además pagar el tributo que le imponen los agentes no estatales de la violencia.

No hacer seguidismo a la izquierda

Cómo y por qué llegamos a esta situación será motivo de futuras reflexiones. Lo que aquí sí toca es discutir la respuesta que debemos dar. Si retomamos la analogía médica, entonces después de un segundo examen el galeno tendría que admitir que no solamente es el cáncer lo que aqueja a su paciente, sino además una acusada debilidad inmunológica, que le hizo mucho más propenso a la neoplasia.

Entonces, si ante el cuadro clínico primeramente establecido el tratamiento indicado no era la prevención, menos aún puede serlo frente al nuevo cuadro, que revela una patología más severa y compleja.

Lo que los liberales no podemos hacer, bajo riesgo de ser dogmáticos y políticamente ineficaces, es repetir el mismo slogan de la despenalización como panacea ante la violencia, cómo precisamente hace la izquierda.

Los izquierdistas no promueven la legalización porque crean en la libertad: la izquierda es liberticida por naturaleza. Lo hacen por cálculo político, pues entre otras cosas esperan lucrar con la final debacle de la guerra a las drogas, sostenida por los conservadores.

El discurso izquierda por la legalización de las drogas es falaz, porque no considera el problema central de la debilidad del estado de derecho. Es más, el discurso izquierdista se alterna con el programa de mayores enajenaciones de la riqueza de los individuos por parte del Estado (con mayúscula) para supuestamente así prevenir el crimen, lo cual que no hace sino debilitar aún más el estado de derecho (así, con minúsculas).

Los izquierdistas se pueden dar el lujo la irracionalidad, la falacia y el dogmatismo, porque hace mucho que renunciaron a la razón, al sentido de la realidad y al valor de la verdad. Los liberales no podemos darnos ese lujo, porque elegimos los principios opuestos.

Podemos y debemos mantener la exigencia de despenalización, pero debemos al mismo tiempo dar un paso adelante y ser los más intransigentes defensores del estado de derecho y de que para ello el Estado cumpla su única función legítima y que no es otra que proteger los derechos de los individuos a la vida, la propiedad y la libertad.