En diciembre del año pasado los legisladores aprobaron algunas modificaciones tributarias relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta, el ISR, que entrarán en vigor en enero próximo, entre las que destaca la intención de gravar las prestaciones de previsión social, modificación que apunta en la dirección correcta, es decir, hacia un sistema tributario del tipo PBP: impuestos pocos, bajos y parejos. Cobrar el ISR a las prestaciones haría de nuestro sistema tributario uno más parejo, cobro que deberá ir acompañado de la reducción generalizada de la tasa impositiva, ya que el objetivo debe ser la eliminación de privilegios tributarios, no una mayor recaudación entre los contribuyentes cautivos, que son quienes reciben parte de su pago en la forma de prestaciones.

La primera razón por la cual deben gravarse las prestaciones la ha señalado Sergio Sarmiento, y tiene que ver con la equidad en el cobro de impuestos, es decir, con la obligación moral del gobierno de medir a todos los contribuyentes con la misma vara. Cito a Sarmiento: “En la actualidad dos asalariados que obtienen exactamente el mismo ingreso pueden pagar impuestos muy distintos. El que trabaja en una empresa pequeña y recibe todo su salario en efectivo pagará un gravamen mayor al que labora en una gran corporación y obtiene una parte significativa de su ingreso en prestaciones. La razón es que muchas prestaciones están exentas” (Reforma, 25-08-05).

¿Dónde queda la justicia de unas leyes que tratan de manera desigual a quienes deberían de tratar de la misma manera? ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que trata de manera distinta a quienes debería dispensarles el mismo trato? ¿Dónde quedan, la justicia de unas leyes, que deberían ser imparciales, y la legitimidad de un gobierno, que debería ser neutral, cuando las primeras no son imparciales y el segundo no es neutral, sobre todo en una materia, el cobro de impuestos, en la cual la imparcialidad y la neutralidad son condiciones de legitimidad? ¿Qué le responden legisladores y gobernantes a quien trabaja en una empresa pequeña, y recibe todo su salario en efectivo, si les pregunta por qué él paga más impuestos que aquel que labora en una empresa grande y obtiene parte de su ingreso en prestaciones?

Evidentemente que aquellos a quienes afectará la medida, porque a partir del momento en el cual se graven las prestaciones que reciben pagarán más impuestos, se oponen a la medida, razón por la cual debe ir acompañada de la reducción generalizada de la tasa impositiva, de tal manera que, en pesos y centavos, el contribuyente termine pagando lo que ya pagaba, ¡ni un centavo más! Esto último debe quedar claro: el fin debe ser la supresión de exenciones tributarias, no una mayor recaudación entre los contribuyentes cautivos, sobre todo ante la vista de tantos contribuyentes “libres” a quienes la autoridad no ha querido (porque no es que no haya podido, sino que no ha querido) “cautivar”.

Los cambios tributarios deben apuntar hacia un sistema PBP, de tal manera que cualquier modificación que elimine impuestos, reduzca tasas o quite privilegios debe ser bienvenida. Y hacia esto último apunta la intención de gravar las prestaciones, medida correcta siempre y cuando vaya acompañada de la reducción generalizada de la tasa impositiva, porque el fin debe ser, no cobrarle más impuestos a los contribuyentes cautivos, sino desaparecer privilegios, que siempre son injustos, sobre todo en materia tributaria.