El mercantilismo, según el diccionario, es el “sistema económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de exportación…”, definición que es la histórica, ya que, de mediados del siglo XV a mediados del XVIII, ese tipo de sistema económico (que privilegió la exportación en contra de la importación, con el fin, inmediato, de obtener una balanza comercial superavitaria, con el objetivo, mediato, de acumular dinero, que en aquel entonces era oro y plata), fue la regla.

Otra definición de mercantilismo, más apegada a su esencia que a sus manifestaciones históricas, es ésta: “Contubernio entre el poder político y ciertos grupos del poder económico, por el cual el primero otorga ciertos privilegios a los segundos, privilegios que, siendo distintos, desde un subsidio hasta una concesión monopólica, tienen un fin común: limitar o eliminar la competencia a la que, sin esos privilegios, otorgados por el poder político, se verían sujetos esos grupos del poder económico”, recordando que un contubernio es una cohabitación ilícita, no tanto por ilegal, sino por inmoral.

El mercantilismo está vivito y coleando, tal y como lo he podido constatar a últimas fechas, gracias a los eventos a los que, organizados por distintas asociaciones empresariales, he tenido la oportunidad de asistir como conferencista, eventos en los cuales, por lo general, el director o presidente de la asociación se dirige, en un breve informe, a sus agremiados, informe en el cual, tarde o temprano, se termina haciendo referencia a lo que el gobierno debería hacer para defender los intereses de esa rama de la actividad económica, que puede ser desde la automotriz hasta la textil. ¿Y qué es lo que, en la visión de quienes tales cosas piden, debería hacer el gobierno para defender sus intereses? En esencia, y en este punto ni siquiera hay una excepción que confirme la regla, otorgar un privilegio que limite o elimine la competencia, sobre todo si viene, vía las importaciones, del exterior, privilegio que puede ir, desde prohibir la importación de la mercancía que viene a competir con el producto nacional, hasta la imposición de un arancel que, por obra y gracia del aumento en el precio de la mercancía importada, le reste competitividad. La petición, en esencia, siempre es la misma, ¡que el gobierno otorgue un privilegio!, y siempre se hace en función de los intereses pecuniarios de los productores nacionales.

Cada vez que escucho la petición de privilegios gubernamentales para grupos de poder económico, me viene al memoria la siguiente cita de Adam Smith: “Gente dedicada al mismo negocio difícilmente se reúne, aunque sea por solaz y esparcimiento, sin que la conversación termine en una conspiración en contra del público, o para aumentar precios”, sin olvidar que Smith fue el gran crítico del mercantilismo, que sigue vivito y coleando, sobre todo en la intención de muchos empresarios, mercantilismo que podrá ser legal, pero que siempre, por el otorgamiento del privilegio en perjuicio del consumidor, resulta inmoral, siendo más deshonesto el otorgamiento del gobernante que la petición del empresario.