Ya están otra vez los estatólatras (algunos periodistas, analistas y académicos) aullando por que el gobierno no interviene en el conflicto de los oligopolios de Telmex, TV Azteca y Televisa. También chillan por que el gobierno se ha quedado de “brazos cruzados” en la quiebra y conflicto laboral de Mexicana de Aviación.

Los hay de todo, los que quieren que la autoridad intervenga para sólo dirimir en el conflicto, hasta los más trasnochados estatistas que quisieran que el gobierno interviniera expropiando a todas estas empresas para ejercer “la verdadera rectoría del Estado.” Cómo extrañan a Jolopo estos trasnochados estatólatras.

Antes de proseguir con sus llantos estatistas, les recuerdo un pequeño detalle. Todos estos conflictos se deben a lo contrario, se deben precisamente a la mismísima intervención gubernamental.

Remontémonos un poco al pasado priísta. Ellos terminaron de “perfeccionar” a la constitución socialista de 1917. En el artículo 28 de la Constitución (un artículo que además soporta jurídicamente a los nefastos controles de precios) se señala que en México están prohibidos los monopolios excepto los del Estado en materia de “correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad; la comunicación vía satélite y los ferrocarriles”. Este artículo además otorga una tremenda discrecionalidad al Estado para “concesionar” al sector privado aquellas actividades económicas que considere de “vital importancia” para el “desarrollo nacional” (¿?). 

Hasta donde sé toda actividad económica que no cause externalidades negativas a otros es importante para la economía. Eso de “Desarrollo Nacional”, “Plan Nacional de Desarrollo”, son terminejos usados por los socialistas que han redactado la Constitución y que no entienden nada de competencia económica y libertad individual.

Precisamente durante muchas décadas este artículo constitucional socialista ha dado pie para que el gobierno se convierta en un tremendo interventor de la economía, en un monopolio descomunal de diversas actividades económicas. Esto también ha traído como consecuencia que surjan otros monopolios descomunales y nefastos en el área sindical como educación, salud y petróleo.

De aquí se desprende ese enorme pulpo gubernamental que ha poseído en la historia de México, además de lo arriba citado, líneas aéreas, bancos (a los mercados de capital de milagro no los han expropiado, aunque en el pasado priísta sí hubo amenazas), compañías mineras, empresas de telefonía fija, canales de televisión y periódicos, amplias redes de transporte, aeropuertos y puertos marítimos, vaya, hasta estadios y equipos de futbol.

Luego, claro, la crisis inevitable de todo gobierno estatista, empresas quebradas por manejarse con criterio político, endeudamiento descomunal, inflación y devaluación desastrosa de la moneda. Y luego, también claro, a corregir y privatizar empresas quebradas. Sí, la vieja historia que conocemos los mexicanos.

Aquí empiezan los problemas otra vez. La historia nos ha enseñado que privatizar sin un adecuado marco normativo que promueva ampliamente la competencia es un error fatal.

Las privatizaciones exitosas (que las hay aunque las nieguen los estatistas) se han basado en un entorno legal que para empezar desaparece esa figura socialista llamada “concesión”, un marco y entorno legal que garantiza la plena concurrencia de competidores a los mercados. La propiedad privada es un derecho natural del ser humano, no una concesión del gobernante. Las privatizaciones exitosas se han hecho sobre la base de garantizar el libre acceso de cualquier empresa a cualquier industria.

¿Qué ha pasado en México con algunas privatizaciones? Se han convertido en oligopolios todo-poderosos que se amparan para evitar a toda costa la entrada de cualquier nuevo competidor al mercado. En este momento Televisa y Azteca chillan por las altas tarifas de interconexión que les cobra Telmex (están ya en el negocio de la telefonía móvil, y se ven afectados cuando se interconecta un teléfono móvil con uno fijo) pero dicho abuso fue resultado del marco legal con que se privatizó Telmex, al que se le dio el monopolio exclusivo en toda la construcción de la red telefónica.

A los señores de la televisión ya se les olvida que su nacimiento tuvo el mismo origen. El de Televisa, producto de los viejos gobiernos priístas que le concesionaron el servicio a cambio de ser un total lacayo y jamás señalar los errores ó abusos del poder gubernamental. En el caso de Azteca, su privatización fue acompañada con la garantía de ser el único competidor privado de Televisa. Ambas televisoras (duopolio) cobran tarifas por anunciarse en televisión que son de las más altas del mundo. El mismo defecto que le señalan a Telmex con sus tarifas abusivas de interconexión.

No, definitivo, para que los mercados y el sistema de precios operen bien tiene que haber un marco legal previo que garantice plenamente los derechos privados de propiedad y la soberanía del consumidor que sólo se da mediante la apertura total de todos los mercados a la competencia.

El gobierno debe limitarse a que se respeten las reglas, los contratos, nada más. Fijar tarifas entre privados (y hoy con el desarrollo tecnológico quedan cada vez más obsoletos los llamados monopolios naturales enseñados en los libritos viejitos de economía), es solución mediocre y no debe ser parte de la tarea del gobierno.

Los legisladores, si quieren garantizar verdadera competencia en los mercados, deben cambiar las leyes, modificar los socialistas artículos 25, 26, 27 y 28 que le dan poderes omnipresentes al gobierno sobre los gobernados. Desaparecer la figura de la concesión de medios de comunicación (esta figura se vuelve perversa en una dictadura, pues es el tirano el que decide quién entra al mercado y quién sale -no le renuevan concesión ó peor aún se la revocan- si lo critica, como hoy sucede con el tirano venezolano Hugo Chávez) es una primer tarea fundamental.

Si no modernizamos nuestro marco legal de competencia, seguiremos viendo los pleitos y amparos de los oligopolios. Peor aún, si llega al poder un político mesiánico, tiene toda la infraestructura jurídica para pasar del actual modelo oligopólico de los distintos sectores de la economía mexicana, a uno de monopolio estatal, esquema ineficiente y peor al del oligopolio privado (qué horror, los mexicanos no debemos ver nuevamente esta película que ya sabemos en el desastre en que termina).

Más competencia y menos injerencia gubernamental es la salida a los pleitos de los oligopolios. No lo olviden señores políticos.