La reunión en Washington entre el presidente Barack Obama de Estados Unidos y el de México Felipe Calderón no había estado programada antes del asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata en San Luis Potosí el 15 de febrero. Al gobierno estadounidense no había parecido importarle la ejecución de 35 mil personas en nuestro país en el actual gobierno. En cambio, la muerte de un solo agente estadounidense ha echado a andar la maquinaria de cooperación entre los dos países.

Es positivo, por supuesto, que México y Estados Unidos lleguen a acuerdos para fortalecer el combate contra el narcotráfico. Pero cabe preguntarse si las medidas que están tomando llevarán a un avance real.

La muerte de Zapata tuvo resultados muy distintos a la de la mayoría de los que se han registrado en México en la guerra contra el narco. Las fuerzas de seguridad de los dos países hicieron esfuerzos excepcionales para detener no sólo a los responsables sino a muchos otros delincuentes que en realidad tenían o poco que ver con los hechos.

Los responsables materiales del homicidio, y en particular un delincuente conocido como El Piolín, Julián Zapata Espinoza, fueron detenidos en nuestro país tras una buena labor de inteligencia que aparentemente llevó a cabo el Ejército. La policía federal estadounidense, a su vez, detuvo a más de 600 delincuentes que identificó como miembros de “bandas mexicanas” en Estados Unidos. Incluso una de las armas que se utilizaron en el ataque contra Zapata y un compañero, Víctor Ávila, fue rastreada a una persona en el estado de Texas, quien aparentemente se dedicaba al lucrativo negocio del contrabando de armas a México.

Las otras 35 mil ejecuciones en nuestro país no han recibido hasta ahora una atención tan intensa. La tasa de impunidad es muy alta. De hecho, las autoridades con frecuencia se lavan las manos de las investigaciones al afirmar que las víctimas deben estar vinculadas con el crimen organizado. Esto es algo que nunca se atrevieron a hacer con Zapata, quien por el contrario fue enterrado con honores de héroe en la ciudad fronteriza de Brownsville.

Las promesas de los presidentes reunidos en Washington para ofrecer un espectáculo de unidad y cooperación difícilmente lograrán avances reales en esta guerra. El gobierno de Estados Unidos no tiene la capacidad de frenar el consumo de las drogas en su territorio, que es el origen de este problema. La guerra contra las drogas lleva ya medio siglo pero la demanda de enervantes en Estados Unidos no ha hecho más que aumentar. Las autoridades mexicanas, mientras tanto, parecen incapaces de frenar la violencia que azota a nuestro país. Ningún gobierno ha invertido tanto dinero y personal de fuerzas de seguridad en este esfuerzo como el del presidente Calderón, pero eso no evitó que el 2010 fuera el año más violento en la historia registrada de México.

Es positivo ver a los dos presidentes juntos, brindando por la amistad de nuestros países. Para resolver el problema del consumo de drogas en Estados Unidos o el de la violencia en México, sin embargo, se requiere más que un brindis. Es preciso identificar las razones de fondo de estos problemas y tomar medidas para atacarlas. Y no continuar, como hasta ahora, simplemente combatiendo los síntomas.