Si lo que México padece no es un simple caso de violencia producto de la prohibición de drogas, si nos enfrentamos a un problema más complejo y complicado de delincuencia organizada, en su más amplio sentido y ello está empujando al país hacia la condición de Estado fallido, ¿qué puede frenar y revertir este proceso ominoso?

Dicho de la manera más simple, la solución radica en dos grandes líneas de acción: un pacto político para cuando menos restaurar la gobernabilidad prevaleciente antes del inicio de la ola de violencia y realizar, de una vez por todas, la reforma del sistema de justicia penal, cuyo eje central sea la implantación del esquema de responsabilidades, esto es: que la permanencia en los cargos públicos dependa del cumplimiento de los compromisos de reducción y control del crimen.

Vamos a explicar estos lineamientos, pero para ello comenzaremos a criticar las falsas soluciones, tanto de las ya puestas en práctica como de las que aún son meras propuestas.

¿Alimentar cocodrilos?

Desde Rius hasta Manlio Fabio Beltrones y Julio Cesar Godoy crece el clamor: para terminar con la violencia ¡por favor! que el gobierno federal deje de molestar a los pobres narcos.

No es ésta la propuesta de legalizar las drogas (o el narcotráfico), sino que independientemente del levantamiento de la prohibición el gobierno deje de usar la fuerza contra los capos y sus sicarios, que les deje hacer lo que les plazca.

¿Eso va a impedir que los grupos criminales secuestren a 20 mil indocumentados al año?, ¿que sometan a extorsión permanente a cientos de miles de personas inocentes y que el número de víctimas crezca a millones?, ¿qué cometan miles de secuestros de “alto impacto” o “exprés” y que asesinen a 200 plagiados como el año pasado?, ¿que roben  combustible de PEMEX por 1,200 millones de dólares o más si se puede?, ¿qué terminen de controlar el robo de vehículos, granos y metales y disparen todavía más la incidencia de estos delitos?

Por supuesto que no, porque esta política suicida de alimentar cocodrilos, para así pretender apaciguarlos (o bien porque simplemente los gobernantes y policías están coludidos con los capos,) ya ha estado en práctica, así sea de manera parcial, y lo único que ha resultado de ella es más violencia.

Pero al menos poner fin a todos los aseguramientos de drogas, precursores, armas y dinero, así como a las detenciones de narcotraficantes y sus sicarios ¿no lograría disminuir la matanza?

Por supuesto que no, porque la tolerancia al narcotráfico y a dejar que los narcos se maten entre sí ya ha sido puesta en práctica por mucho tiempo, sin que ello haya tenido como consecuencia menos muertes. Por el contrario, de manera inexorable la matanza crecería cuando los grupos criminales no sean contenidos ni siquiera por los muy pobres controles gubernamentales que todavía existen.

¿Qué regrese el ejército a los cuarteles?

Una variante de la propuesta de la rendición ante los criminales es la exigencia de que de inmediato los efectivos militares regresen a sus cuartales. Las justificaciones de tal pretensión son que –supuestamente- es la intervención del ejército la que desata la violencia en diferentes puntos del país y que los soldados han cometido graves abusos contra civiles inocentes.

Antes de discutir si es o no deseable y necesario el uso del ejército en esta crisis, hay determinar si las premisas de la exigencia son verdaderas o falsas. Para empezar la aseveración de es el ejército desata o escala la violencia, es una mentira.

Quienes esto sostienen ni siquiera se han tomado la molestia de establecer una correlación verosímil y lógica entre la presencia del ejército y la incidencia de homicidios, pues la realidad es que el ejército llega cuando la violencia ya se había desatado o ya escalaba velozmente.

Por supuesto que una correlación por intensa que sea no demuestra la existencia de una relación causa-efecto entre dos variables. Pero cuando ni siquiera esa correlación se establece, la hipótesis no pasa de ser una ocurrencia boba o maliciosa, como aquella de acusar a Naciones Unidas de haber llevado la plaga de cólera a Haití.

Por el momento, dejamos la carga de la prueba a quienes sostienen esa aseveración que no han demostrado (ni podrán demostrar).

Respecto a los abusos de los militares, estos son innegables y no cabe el menor intento de justificación. Pero ello no implica que cometer abusos sea una política del gobierno ni que toda intervención militar necesariamente sólo pueda darse mediante la violación de derechos humanos.

El problema de estos abusos no está en la intervención militar misma, por más que  sea cierto que  el ejército no fue concebido para tareas de seguridad pública. El problema está en las tácticas, en que los gobiernos porfíen en aplicar medidas masivas e indiscriminadas como son los retenes, las volantas, los allanamientos sin orden judicial o las detenciones arbitrarias. Estas medidas son en sí mismas violatorias de derechos humanos y dan lugar a violaciones todavía más graves, tanto si quienes las practican son militares como si no lo son.

Para colmo, estas acciones masivas e indiscriminadas son completamente ineficaces, como la experiencia ha mostrado hasta la saciedad. Por tanto, jamás debieron haberse puesto en práctica, deben abandonarse de inmediato y ser proscritas por siempre.

Pero cabe insistir: ni esas prácticas deplorables lo son porque el ejército las practique (lo son per se), ni la intervención del ejército en la seguridad pública tiene porque ser mediante esas prácticas. Veamos los hechos.

En 2008 el ejército arribó a Juárez, Chihuahua y aplicó estas medidas. Además, carentes de información de inteligencia, militares practicaron detenciones de narco-menudistas o quienes así les parecían. Hay varios casos documentados de tortura ¿Resultado? Aparte del atropello a las garantías, ninguna información crucial que permitiera siquiera aniquilar alguna banda de sicarios.

Los militares también hicieron un uso intensivo del detector molecular GT-200, el mayor fraude en seguridad desde la invención del polígrafo. Con la información de este producto milagro presionaron a muchas personas para que les permitieran catear sus inmuebles ¿Resultado? Los soldados jamás encontraron ningún alijo importante de armas, drogas o dinero.

Dos años después de haber arribado a Juárez, los militares debieron replegarse por orden presidencial, sin haber logrado contener y menos abatir la violencia. Pero su retirada tampoco hizo que los asesinatos amainaran, pues siguieron escalando.

En febrero de 2010 se formalizó la “guerra“ entre el Cártel del Golfo y sus ex matones Los Zetas por el control de Tamaulipas y Nuevo León y el ejército fue enviado para controlar la violencia. Al principio se repitieron los abusos de Juárez, pero después la conducta y el desempeño de los militares fueron mejorando.

El año 2010 concluyó con 1,209 homicidios atribuibles a la delincuencia organizada en Tamaulipas y 620 en Nuevo León. Demasiados muertos. Pero las cifras son considerablemente inferiores a los 4,427 asesinatos del mismo tipo ocurridos en Chihuahua en 2010.

Esto demuestra que el ejército en Tamaulipas y en Nuevo León está siendo más efectivo (o menos infectivo) en contener la violencia que en Chihuahua, donde permanece en sus cuarteles y la Policía Federal prácticamente sólo atestigua la matanza.

El ejército está siendo más efectivo en Tamaulipas y en Nuevo León (además de otros estados) porque está obteniendo más información por medios lícitos y apropiados y está priorizando los golpes de precisión quirúrgica. Especialmente útil le ha sido el sistema de denuncias anónimas (en la medida que más denuncias se traducen en operativos inmediatos del ejército, más gente se anima a denunciar).

El ejército no fue concebido para tareas de seguridad pública, no es deseable que siga en las calles por tiempo indefinido y debe regresar tan pronto como sea posible a los cuarteles, una vez que haya cuerpos de policía con la elemental integridad, fuerza y eficacia. Pero Felipe Calderón no tuvo opción. Ante la realidad de corporaciones locales cooptados por el crimen organizado y una Policía Federal desbordada: o movilizaba al ejército como último recurso o le dejaba las manos libres a los criminales.

En 2010 el ejército rescató a 570 personas que habían sido secuestradas, 103 de ellas en Nuevo León y 173 en Tamaulipas. De no haber estado ahí los militares, muchas de esas víctimas habrían terminado asesinadas. Esto, dejar a la sociedad inerme ante los criminales, es lo que significa en la práctica la exigencia de que los militares regresen a sus cuartales de inmediato.

Continuará...