Ahora es Portugal, que sin duda seguirá los pasos de Grecia e Irlanda en requerir el rescate financiero de la Unión Europea (UE), al caer el gobierno del primer ministro José Sócrates por fracasar en obtener la aprobación del Parlamento para el cuarto paquete de recortes al gasto público en un año, que era, paradójicamente, la última esperanza para evitar recurrir a pedir ayuda.

Acto seguido, las agencias calificadoras redujeron de nuevo su valoración de los bonos del gobierno portugués, poniéndolos en el umbral de volverse “deuda chatarra,” lo que forzaría a los inversionistas institucionales a deshacerse de ellos, agravando aún más el escenario financiero del país.

Uno de los elementos que culminó en la caída del gobierno fue la estrategia política del Partido Democracia Social (PDS), de centro derecha y opositor al Socialista del primer ministro Sócrates, pues al rechazar las medidas de austeridad forzaron una próxima elección, que con certeza ganará el PDS.

Aparentemente, los dirigentes del PDS no tienen inconveniente en que Portugal solicite a la brevedad posible el rescate financiero de la UE y el Fondo Monetario Internacional, lo que implicaría la pronta imposición de medidas de austeridad más draconianas aún que las rechazadas la semana pasada.

El cálculo del PSD es que la culpa y el correspondiente costo político estarán asociados al Partido Socialista del primer ministro Sócrates. La pregunta, sin embargo, es por cuanto tiempo, pues mayores impuestos y profundos recortes adicionales en el gasto del gobierno, traerán consigo recesión y desempleo.

Lo que también está quedando cada vez más claro con los ejemplos de Grecia e Irlanda, es que la situación política de países que adoptan recetas económicas correctivas de excesos cometidos por largo tiempo, resulta inmanejable cuando implica lo que promete ser años de estancamiento económico hacia el futuro.

Tanto Grecia como el nuevo gobierno irlandés están buscando cómo reducir los costos y flexibilizar las condiciones de sus respectivos paquetes de rescate financiero pues se dan cuenta que el impacto negativo sobre el nivel de vida de sus habitantes ha resultado devastador, con graves consecuencias políticas.

La debacle portuguesa ocurre en un momento por demás inoportuno, pues conllevará a un mayor escrutinio del nuevo plan para futuros rescates financieros que aprobó en semanas pasadas la UE, en el que define un nuevo mecanismo para reestructurar la deuda soberana de sus países miembros.

Ello se debe a que este flamante dispositivo representa una marcada regresión respecto al que adoptó el año pasado la UE para los casos de Grecia e Irlanda, pues ahora condona un procedimiento explícito para reducir los montos de deuda en casos extremos, lo que llevó al inmediato ascenso de sus costos.

Es decir, los líderes europeos estropearon el único mecanismo que tenían para enfrentar la cadena de crisis financieras que amenazan la integridad del euro, al proponer diluir las reglas de operación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera y posponer la aprobación de su fondeo hasta junio.

Es posible que ese Fondo tenga suficientes recursos para un eventual rescate portugués que, en cuanto se anuncie, generará que los mercados inicien sus ataques contra España que, como escribí en esta columna en ocasión anterior, tiene una tamaño económico mucho mayor que los países caídos hasta ahora.

El otro problema sin resolver por parte de los líderes europeos, es el relativo a la salud financiera de sus bancos, todos ellos repletos de deuda pública y privada de los países en problemas, que cada vez parece más probable que no será pagada, al menos en los términos originalmente pactados.

Como sabemos bien los mexicanos, solo hay dos formas de enfrentar una crisis de deuda: un rescate financiero externo con los suficientes fondos, como el de 1995 para superar la debacle causada por el error de diciembre o una mora y renegociación de la deuda, como nos vimos forzados a hacerlo en 1982.

Posponer las decisiones y no hacer nada, como lo están haciendo los líderes europeos, es una opción particularmente costosa, pues obligará, tarde o temprano, a la suspensión de pagos y muy posiblemente a que los países en problemas acaben tirando la toalla del euro ante la esperanza de remontar sus problemas mediante la devaluación de una nueva moneda nacional.