E.ON es una empresa eléctrica (que anteriormente compró Ruhrgas) identificada como campeón nacional alemán, cuyas operaciones  se extienden a lo largo de Europa y el Medio Oeste estadunidense. El año pasado, el gigante alemán de la energía registró ganancias de 56,400 millones de euros, y concretó la creación del Gaseoducto del Norte de Europa, a través del cual Alemania se conectará a las reservas de gas de Rusia por medio del Mar Báltico, que supone una inversión de 4.7 billones de dólares.

La semana pasada E.ON lanzó una opa (oferta pública de adquisición de acciones) sobre Endesa, que tiene actividad en varios países de América Latina, una operación de una gran envergadura económica y geopolítica que se enmarca en la liberalización de los precios del gas en España hacia 2008 y de electricidad en 2011, acordes con la legislación comunitaria. Asimismo, la propuesta alemana debe entenderse en el contexto de la opa que anteriormente había lanzado Gas Natural sobre Endesa.

La oferta de E.ON es mucho mejor que la de Gas Natural ya que ofrece 27.5 euros en metálico por cada acción de Endesa, mientras que la compañía española ofrece alrededor de 5 euros menos por acción, de los cuales sólo 7.34 serían en metálico y el resto a cambio de acciones de la compañía. Lamentablemente desde la primer opa, el proceso se ha caracterizado por la injerencia política, tanto a favor como en contra.

Con la opa hostil de Gas Natural, aprobada con condiciones por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se enfrentaron la CNE y el organismo regulador de la competencia, aunque finalmente se hizo caso omiso del dictamen de este último en el que se recomendaba detener la operación. Frecuentemente los reguladores de la competencia tienen discrepancias con reguladores sectoriales, pero esta duplicación de funciones o choque de intereses es más probable si existe una politización de las operaciones financieras y de los organismos reguladores.

Hasta ahora ha quedado claro que el gobierno español respalda la propuesta de Gas Natural, y que la prefiere sobre la opa de E.ON. Y para asegurarse que podrá intervenir -de manera indirecta- ha cambiado la ley y ha dotado a la CNE de capacidad de veto en operaciones que involucren a compañías que no operen en el mercado nacional, una facultad que hasta ahora sólo tenía la Comisión Europea. Con esta medida se legisla de manera ad hoc, lo que es reprobable porque las instituciones se definen como las reglas del juego, y no se pueden alterar según qué partido se esté jugando.

Ya al respecto se ha pronunciado la Comisión Europea, advirtiendo al gobierno español de que se abstenga de intervenir en la operación. Sin embargo, el vacío legal no sólo existe a nivel ibérico, sino también comunitario; no es claro si un país puede aplicar el principio de reciprocidad, según el cual por ejemplo el gobierno español podría vetar una operación al considerar que pone en riesgo su abastecimiento de energía, debido a  que el gobierno alemán tiene una prerrogativa similar.

El argumento de Zapatero  de velar por los intereses nacionales es legítimo, sin embargo esto no significa cuidar los intereses de las compañías nacionales, sino de los consumidores nacionales, y en todo caso pensar qué opa les conviene más. Por otro lado, una opa es una operación financiera, por lo que el gobierno español debe dejar decidir a los socios de Endesa (la mayoría de los cuales son británicos) qué les conviene puesto que ellos son los propietarios de las acciones por las cuales se puja.

Pero hay otra cuestión de fondo y es: ¿por qué debería de España abrirse a este tipo de operaciones de compañías extranjeras, cuando Alemania y Francia están optando por el proteccionismo? Francia por ejemplo, fusionó al vapor la empresa pública gas de Franze con la privada Suez, tras una opa hostil de la italiana Enel sobre la segunda.

En ese sentido, la reacción del gobierno español de legislar al vapor y de manera ad hoc tiene un claro paralelismo francés, y manda un mensaje claro a los inversores extranjeros en el sector energético: las compañías nacionales tendrán preferencia a pesar de lo que digan los órganos reguladores, cuya independencia en la práctica está a prueba.

Existe otra cuestión importante, y es que como comprobaron Aumann y Schelling, las leyes se cumplen cuando existe la capacidad de las autoridades de castigar a los infractores, y la Unión Europea si bien tiene herramientas legales para que se respeten sus dictámenes, en este momento su profunda crisis y el proteccionismo de otros países es posible que le impidan sancionar a España en el caso de que ignore sus recomendaciones anti proteccionismo.